La **regulación tecnológica** vuelve a estar en el punto de mira, con la Comisión Federal de Comercio (FTC) demandando a Uber por supuestas prácticas engañosas en la suscripción a su servicio premium Uber One. La acusación central se centra en cargos indebidos y obstáculos para cancelar la membresía, marcando un punto álgido en la creciente presión regulatoria sobre las grandes tecnológicas.
Según la investigación publicada por The New York Times, la demanda, interpuesta el lunes, alega que Uber inscribió a algunos usuarios en el servicio Uber One, con un costo mensual de $9.99, sin su consentimiento explícito. Además, se les habría inducido a error sobre los ahorros reales que obtendrían y se habría dificultado en extremo la cancelación de la suscripción.
La FTC argumenta que Uber infló las expectativas de ahorro para atraer suscriptores, prometiendo hasta $25 mensuales sin tener en cuenta el costo del propio servicio Uber One. Varios usuarios también reportaron cargos por el servicio antes de que finalizara su período de prueba gratuito, lo que generó un considerable malestar entre los consumidores.
En el centro de la controversia se encuentra también la dificultad para cancelar la suscripción. La FTC sostiene que Uber violó la Ley de Restauración de la Confianza de los Compradores en Línea al obligar a los usuarios a navegar por hasta 23 pantallas y realizar hasta 32 acciones para darse de baja del servicio, un proceso que califican de “extremadamente difícil”.
Uber, por su parte, niega rotundamente las acusaciones. Un portavoz de la compañía, Noah Edwardsen, declaró que están “decepcionados de que la FTC haya decidido seguir adelante con esta acción”. Edwardsen insistió en que los procesos de registro y cancelación de Uber One son “claros, sencillos y respetan la letra y el espíritu de la ley”.
Esta demanda se inscribe dentro de un contexto más amplio de escrutinio regulatorio sobre las grandes tecnológicas. Tanto la FTC como el Departamento de Justicia han intensificado sus esfuerzos para modificar las prácticas comerciales de empresas como Google, Meta y Amazon. De hecho, el Departamento de Justicia ha solicitado a un juez federal la división de Google, obligando a la empresa a vender su navegador Chrome, lo que podría privarle de una fuente clave de información para mejorar su motor de búsqueda.
Es relevante destacar que, pese a la aparente hostilidad regulatoria, Uber y su CEO, Dara Khosrowshahi, contribuyeron con un millón de dólares cada uno al fondo de investidura del presidente Trump, al igual que otras empresas del sector como Meta, Amazon y figuras prominentes como Tim Cook de Apple. La investigación en curso develará si estas contribuciones influyeron o no en el trato regulatorio recibido por la compañía.
