El cuestionado silencio del gobierno frente a la ley de crimen organizado y otras normas preocupantes
El gobierno de Dina Boluarte ha promulgado, entre mayo de 2023 y agosto de 2024, al menos nueve leyes polémicas sin realizar observaciones. Estas normas impactan sectores clave como la lucha contra la criminalidad, la economía y el sistema judicial del Perú. Expertos y exfuncionarios han señalado que la ausencia de cuestionamientos por parte del Ejecutivo refleja una preocupante falta de liderazgo en momentos críticos para el país.
En un informe de El Comercio, la exprimera ministra Mercedes Aráoz destacó que el gobierno ha actuado de manera contradictoria al promulgar leyes sin hacer observaciones, incluso cuando estas contravienen decretos legislativos previamente aprobados por el propio Ejecutivo. Según Aráoz, “el gobierno está permitiendo que se avance sin control en temas tan sensibles como la minería informal o las AFP”.
Ley impunidad
Entre las leyes más controvertidas está la llamada “ley impunidad”, promulgada en mayo de 2023, que modifica los plazos de prescripción de casos judiciales. Diversas instituciones, como el Ministerio Público y la Procuraduría, advirtieron que esta norma podría beneficiar a figuras políticas acusadas de corrupción, como el exjuez César Hinostroza y el expresidente Pedro Castillo. A pesar de estas alertas, el Ejecutivo no presentó ninguna objeción. La Corte Suprema declaró la norma inconstitucional en noviembre de 2023, pero el Congreso ratificó su vigencia en julio de 2024, nuevamente sin intervención del gobierno de Boluarte.
AFP
Otro ejemplo es la ley que permite el retiro de hasta 4 UIT de los fondos de las AFP, promulgada en abril de 2024. El Ministerio de Economía había emitido una opinión desfavorable, advirtiendo que este tipo de medidas perjudicarían el ahorro de los afiliados y generarían pérdidas para el Estado. Sin embargo, el Ejecutivo decidió no realizar observaciones, lo que ha sido interpretado por diversos analistas como una decisión política para evitar conflictos con el Congreso.
Crimen organizado
Además, la ley que modifica la definición de crimen organizado, promulgada en agosto de 2024, fue ampliamente criticada por distintos sectores de la sociedad. Esta norma exige la presencia del abogado del imputado durante los allanamientos, lo que, según expertos en seguridad, obstaculiza las investigaciones de la fiscalía y beneficia a organizaciones criminales. A pesar de estas preocupaciones, el Ejecutivo optó nuevamente por no presentar objeciones.
¿Complicidad?
Juan Jiménez Mayor, exministro, consideró “raro” que el gobierno no haya observado ninguna de estas normas. Según Jiménez, el Ejecutivo parece haber decidido no confrontar al Congreso para evitar tensiones, pero subraya que “no hacer nada también es tomar una posición”. En relación a la ley de lesa humanidad, Jiménez apuntó que “esta es una cuestión de principios que el gobierno debió haber defendido de manera firme”.
Para Jiménez, la promulgación de estas leyes sin observaciones demuestra “una falta de liderazgo en la presidencia” y refleja la inestabilidad política que enfrenta el país. “Es inédito que un gobierno permita desmantelar la arquitectura legal de lucha contra el crimen organizado sin ofrecer resistencia”, señaló. Este vacío de poder ha sido aprovechado por sectores del Congreso que buscan beneficiar intereses particulares, de acuerdo con el exministro.
Las críticas hacia el gobierno de Boluarte se centran en su aparente estrategia de supervivencia política, que prioriza evitar enfrentamientos con el Congreso, incluso a costa de ceder en temas fundamentales para la estabilidad del país. “El Ejecutivo ha optado por no intervenir en el proceso legislativo de manera activa, lo que genera serias dudas sobre su capacidad para gobernar”, concluyó Aráoz.
