La extorsión, un delito que históricamente se concentró en el corazón urbano de Lima Metropolitana y el Callao, junto a la región de La Libertad, ha experimentado una preocupante expansión a lo largo y ancho del territorio peruano. Datos recientes revelan un desplazamiento y un incremento alarmante de esta actividad criminal, afectando ahora a regiones como Áncash, Lima Provincias, Cusco, Ica, Puno, Lambayeque, Piura y Tumbes. Esta dispersión geográfica plantea nuevos desafíos para las autoridades y la sociedad en su conjunto en la lucha contra el crimen organizado.
Según la investigación publicada por El Comercio, las cifras provenientes del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol), analizadas por el especialista en datos Juan Carbajal, pintan un panorama sombrío. El estudio destaca un crecimiento exponencial de las denuncias entre 2021 y 2022, con un aumento de casi cuatro veces en ese corto período, lo que marca un punto de inflexión en la evolución de este delito.
En los primeros cinco meses del 2025, el número de denuncias por extorsión ya supera en más del 20% a lo registrado durante el mismo período del año anterior. Esta tendencia sugiere que, de continuar así, el Perú podría enfrentar cerca de 30,000 denuncias por extorsión al cierre del año, superando significativamente las 22,000 registradas en 2024. Este incremento sostenido refleja una crisis de seguridad ciudadana que requiere atención urgente y medidas contundentes.
Un dato particularmente alarmante es el caso de Piura, que en los primeros cinco meses de 2025, se posiciona como la ciudad con el mayor número de denuncias por extorsión, alcanzando las 1253, superando incluso a Lima Metropolitana y el Callao. Esta situación inusual sugiere una combinación de factores, incluyendo la presencia de economías ilegales y la vulnerabilidad de la región a actividades criminales transnacionales. Le siguen en número de denuncias Lima Provincias (592), Lambayeque (447), Ica (345), Áncash (310), Tumbes (179), Cusco (88) y Puno (53), evidenciando una problemática extendida y diversificada.
El análisis de datos históricos revela que, desde 2018 hasta 2021, las denuncias anuales se mantenían relativamente estables, oscilando entre 3,200 y casi 5,000. Sin embargo, en 2022, la cifra se disparó a más de 16,000, cuadruplicando el promedio de los años anteriores. Este salto repentino indica un cambio significativo en la dinámica del delito de extorsión, posiblemente impulsado por factores como la crisis económica, la proliferación de bandas criminales y la falta de oportunidades para la población vulnerable. Se suma a esto, que el presupuesto nacional destinado a seguridad ciudadana ha visto recortes en los últimos años, limitando la capacidad de respuesta de las autoridades.
Expertos como el general PNP (r) Carlos Tuse señalan que Piura se ha convertido en un centro de actividad económica ilegal debido al desarrollo de la minería ilegal en la región. La presencia de esta actividad ilícita genera un flujo de dinero que se “lava” en el mercado formal, atrayendo a extorsionadores que buscan obtener ganancias a través de la intimidación y el chantaje. Además, la ubicación estratégica de Piura como zona fronteriza la convierte en un punto de tránsito para otras actividades ilegales, como el tráfico de armas, la trata de personas, el narcotráfico y el contrabando, lo que contribuye a la complejidad del problema.
