La repentina muerte de José Miguel Castro, ex gerente general de la Municipalidad de Lima, ha generado interrogantes sobre su impacto en el juicio oral contra la exalcaldesa Susana Villarán. El proceso judicial, que busca esclarecer las acusaciones de corrupción vinculadas al caso Lava Jato, continúa su curso a pesar de este lamentable suceso. La investigación sobre las circunstancias del fallecimiento de Castro ha sido asumida por la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri, buscando determinar la causa del deceso, sin descartar ninguna hipótesis hasta el momento.
Según la investigación publicada por El Comercio, el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, ha negado que la muerte de Castro implique la suspensión del juicio oral programado para el 23 de septiembre contra Susana Villarán y otros 19 procesados.
Pérez ha enfatizado que las pruebas documentales aportadas por Castro ya forman parte del auto de enjuiciamiento, y que buscará que las declaraciones que brindó como imputado sean admitidas como prueba nueva durante el juicio. La fiscalía planea solicitar formalmente al Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada la incorporación de las declaraciones de Castro en la etapa correspondiente del juicio oral, argumentando que estas no estaban reservadas exclusivamente para el proceso de colaboración eficaz.
Se imputan a Villarán los presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita, colusión, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo, por supuestamente liderar una red que lavó más de US$11 millones provenientes de Odebrecht, OAS y Graña y Montero. Estos fondos habrían sido utilizados en las campañas del No a la Revocatoria (2013) y la fallida reelección (2014). Castro, según el auto de enjuiciamiento, formaba parte de la cúpula de esta presunta organización criminal.
El fiscal Pérez resaltó que las declaraciones de Castro han sido fundamentales para iniciar investigaciones como el Caso Línea Amarilla, incluso solicitando la suspensión del cobro de peajes en esta vía. De acuerdo con los datos recabados, el 12 de julio era la fecha límite para definir si Castro accedía o no a una sentencia como colaborador eficaz. Además, precisó que Castro se reunió con una fiscal adjunta en su oficina días antes de su muerte, sin reportar ninguna amenaza contra su vida.
La defensa de Villarán, representada por Merly Edquen Olivera, ha expresado conmoción por la noticia y ha ofrecido sus condolencias a la familia de Castro. Sin embargo, Edquen ha manifestado que la muerte de Castro no beneficia a su patrocinada, pues él era la persona que podía aclarar o desvirtuar los aportes de campaña. Además, advirtió que se opondrán a la incorporación de las declaraciones de Castro al proceso si no cumplen con los requisitos legales, subrayando que la fiscalía debe probar los cargos de lavado de activos y otros delitos imputados a Villarán durante el juicio oral.
Especialistas en derecho penal, como el ex viceministro de Justicia Gilmar Andía, han advertido que el caso podría verse debilitado tras la muerte de Castro. El abogado Enrique Ghersi, por su parte, señaló que si bien el juicio oral no se suspenderá, la fiscalía ha perdido un “delator muy importante”, lo que podría afectar el resultado del proceso, ya que sus declaraciones no podrán ser sometidas a un contrainterrogatorio. La policía, al inspeccionar la escena, encontró dos cuchillos y un celular en el baño donde fue hallado Castro, y notó que la chapa de la puerta presentaba señales de manipulación.
