No es nada nuevo que la población a nivel nacional tenga un concepto negativo de los órganos de justicia y de control como son el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Contraloría General de la República.
Por un lado, en el caso de Huánuco se ha visto que la gran mayoría de las denuncias duermen el sueño de los justos, no avanzan. Están encarpetadas y muchas terminan convenientemente archivadas.
Esto es más visible, incluso, cuando se trata de autoridades o exautoridades, quienes se han visto involucradas en enormes escándalos de corrupción e irregularidades, pero que, sin embargo, a pesar de existir sólidas pruebas de involucramiento, casi nunca hay condenas.
Probablemente, el que un congresista, alcalde o un gobernador corrupto sea sentenciado y preso es mucho más difícil de lo que nos podemos imaginar. En definitiva, estos funcionarios y exfuncionarios tienen varios recursos a los que apelar con el fin de dilatar y entorpecer las actividades de la justicia. Pero, obviamente, este no sería el factor principal del porqué el ineficaz resultado.
Por otro lado, se sabe que existe una recargada carga procesal fuerte que afecta a la efectividad de la mayoría de los juzgados, peor aún, con la pandemia.
Por último, tenemos a los agentes de la contraloría que hace algunas semanas hicieron una entrada toda pomposa a su llegada a Huánuco para un megaoperativo, y hasta ahora, no se sabe nada de resultados. Esperemos que sólo cumplan con su trabajo.
A solo dos semanas del cambio de gobierno, la inestabilidad y la desconfianza está calando en el país. Es por ello que urge el correcto funcionamiento de las instituciones. La ciudadanía tiene la esperanza de que la situación en el país mejorará.
Esperemos que sí, es el futuro de todos nosotros en juego.
