La defensa legal de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y prófugo de la justicia, ha tomado un giro significativo con la incorporación del reconocido abogado Humberto Abanto. Cerrón busca revertir la orden de prisión preventiva dictada en su contra por presunto lavado de activos, una medida que lo mantiene en la clandestinidad desde diciembre de 2023. La estrategia legal se centra en cuestionar la legitimidad de la detención, argumentando una supuesta persecución política y arbitrariedad judicial.
Según la investigación publicada por El Comercio, Abanto se presentó formalmente como defensor de Cerrón en la audiencia virtual llevada a cabo el 24 de junio ante la tercera sala penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia. Esta sala tiene la potestad de revocar o confirmar la decisión del juez de primera instancia, Leodan Cristóbal Ayala, quien previamente rechazó la solicitud de cambiar la prisión preventiva por una comparecencia simple.
En la audiencia, la fiscalía de lavado de activos, representada por Rafael Vela Barba, se opuso a la apelación, argumentando que la prisión preventiva se justificaba debido al incumplimiento previo de medidas menos restrictivas por parte de Cerrón. Inicialmente, el Poder Judicial había dictado una comparecencia con restricciones, pero esta fue revocada cuando Cerrón optó por la clandestinidad, evidenciando una clara intención de evadir la justicia.
Abanto, por su parte, defendió la decisión de Cerrón de no acatar la prisión preventiva, describiéndola como una reacción comprensible ante lo que considera una “privación ilegal o arbitraria” de su libertad. El abogado argumentó que su cliente actuó en defensa propia, buscando evitar una detención que, a su juicio, carecía de fundamento legal sólido.
Para reforzar su argumento, Abanto invocó precedentes judiciales, citando casos como el de Keiko Fujimori, donde la Corte Nacional analizó la intención detrás del incumplimiento de reglas de conducta. Además, mencionó las anulaciones de prisiones preventivas en los casos Aeródromo Wanka y La Oroya, buscando establecer un paralelismo que favoreciera a Cerrón. Estas referencias a fallos anteriores buscan persuadir a la sala de apelaciones de que la prisión preventiva es desproporcionada e injustificada.
Es crucial recordar que la investigación del Ministerio Público sostiene que Cerrón lideró una red dedicada a la recaudación de fondos de origen ilícito para financiar las actividades de Perú Libre. Esta acusación es el núcleo del caso de lavado de activos y la base sobre la cual se sustenta la orden de prisión preventiva que ahora busca revocar su defensa. La decisión de la sala penal de Apelaciones será determinante para el futuro legal de Vladimir Cerrón y tendrá un impacto significativo en el panorama político nacional.
