Autor: ELEAZAR ANIBAL TRINIDAD MARCELO, Economista
DOCENTE IESP FIBONACCI
En la contienda bélica entre israelíes y palestinos, los israelíes han puesto en marcha el funcionamiento de un escudo antimisiles, capaz de interceptar misiles, cohetes y aeronaves palestino lanzado desde Gaza a una distancia de hasta 70 kilómetros. Desde que fuera declarada operativa el 27 de marzo del año 2011, después de tres años de prueba, el 7 de abril, el sistema interceptó exitosamente su primer misil Grad lanzado desde la franja de Gaza. El 10 de mayo, The Jerusalem Post, diario israelí, publicó que el sistema había derribado el 90% de los misiles lanzados hacia Israel, y para noviembre, ya había interceptado más de 400 misiles. Esto es una gran ventaja para Israel al tratarse de su protección. Sin embargo, la “Cúpula de Hierro” tiene un problema, y es el costo. Efectivamente, ha costado 796,4 millones de euros y seguramente se requerirá otra cantidad similar para su mantenimiento.
Los críticos políticos dicen que al gastar en ella se deja de invertir en educación, salud, vivienda u otros servicios públicos. El costo es alto, pero la población aprueba y da por bueno este gasto, ya que les permite estar protegidos frente a los ataques palestinos. Entonces: ¿Es ético la decisión del gobierno israelí? Sin duda las respuestas serán diversas y quizá controvertidas.
La ética, entendido como “ciencia práctica de la acción humana que se ocupa de las virtudes morales que no son innatas, ni las transmite simplemente el maestro al discípulo y se adquieren mediante la práctica (Torres, 2014, p. 9). Solucionar situaciones similares deviene del organismo público, ya sea en la defensa o en cualquier otro campo. Naturalmente, el precio lo pagan los ciudadanos, resultando sumamente cara.
El lado opuesto de la historia es donde el presupuesto público no se usa para el bien común, sino para el beneficio de pocos, como lo demuestra el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI), en su último estudio sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones públicas, publicado el 29 de agosto, entre enero y junio del 2024, el 54,9% de peruanos percibe que la corrupción es el principal flagelo que enfrenta el Perú, percepción que aumentó en 0.6%, respecto al mismo periodo del año 2023. Así también, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) en setiembre de 2024, mencionó que el costo de la corrupción al año 2023, asciende a 72,000 millones de soles, cifra equivalente a la construcción de 1600 colegios, 50 hospitales o la generación de más de un millón de puestos de trabajo. Entendiéndose que la corrupción se viene dando a través de regalos, propinas, sobornos, coimas, entre otras formas, mediante el mal uso del cargo público para beneficio privado.
Francisco Rojo, en su “Tratado del bien y el mal. La ética como filosofía primera”, refiere que el bien y el mal impactan en la vida humana, aunque parece yacer en el más recóndito del alma el anhelo de eliminar el mal para direccionarse hacia el bien, que históricamente se ha tratado de materializar mediante la búsqueda, utópica o no, de una sociedad perfecta, en la que reinara la bondad. No obstante, dichas ideologías han generado falsas ilusiones y episodios poco edificantes en la historia humana.
Esto es una piedra en el zapato, contrarrestarla sugiera cambios en la modernización de la gestión pública, cambios en la profesionalización y los valores éticos del servidor público.
“La falta de ética siempre será cara”.
