La Corte Suprema de Brasil dio un nuevo paso en la investigación sobre el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 al aceptar este martes, por unanimidad, los cargos contra seis nuevos implicados, todos aliados del ex presidente Jair Bolsonaro. Con esta decisión, se amplía el grupo de acusados dentro de una causa que ya alcanza a 33 personas, divididas en cinco niveles según su grado de participación.
El pasado 26 de marzo, el máximo tribunal ya había aceptado los cargos contra Bolsonaro y otros siete miembros de su círculo más cercano, entre ellos el general Walter Braga Netto, situándolos en el primer nivel de responsabilidad. Esta semana, la Corte avanzó sobre un segundo grupo, integrado por quienes habrían desempeñado funciones de coordinación y apoyo operativo dentro del presunto complot.
Entre los nuevos acusados se encuentran el ex asesor para Asuntos Exteriores Filipe Martins, el general retirado Mario Fernandez, el ex director de la Policía Federal de Carreteras Silvinei Vasques, y los oficiales de la Policía Federal Fernando Oliveira y Marilia Alencar, así como el coronel Marcelo Camara, ex asistente presidencial.
Según el procurador general Paulo Gonet, estas personas ejecutaron acciones previamente planificadas por el grupo central, como la movilización de fuerzas policiales para respaldar el intento de golpe, el monitoreo de autoridades, y la redacción de un documento justificativo para instaurar un estado de excepción.
Bolsonaro y los otros acusados han rechazado los cargos y denunciado una persecución política. El ex mandatario incluso acusó a su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, de orquestar el proceso para impedir su participación en las elecciones de 2026. El 6 de abril, convocó a una protesta masiva en São Paulo, donde comparó su situación con la de otros líderes opositores en distintos países.
La legislación brasileña contempla penas de hasta 12 años por este delito, aunque para Bolsonaro y su círculo más íntimo la condena podría llegar hasta los 40 años.
