La atención preventiva en salud está en el centro de un debate crucial ante la Corte Suprema, donde los magistrados mostraron divisiones durante los argumentos sobre la constitucionalidad de una disposición clave de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA). Dicha provisión exige que las compañías de seguros ofrezcan, sin costo adicional para el usuario, ciertos tipos de servicios preventivos, un pilar fundamental para el acceso a la salud en Estados Unidos.
Según la investigación publicada por The New York Times, el caso, que enfrenta a pequeños negocios cristianos con el gobierno federal, podría tener implicaciones de gran alcance para millones de ciudadanos estadounidenses que dependen de esta cobertura para acceder a servicios esenciales.
En el corazón del conflicto se encuentra una parte de la ley de salud de 2010 que estableció un grupo de trabajo encargado de determinar qué medidas preventivas deben ser cubiertas obligatoriamente por las aseguradoras. Este grupo de trabajo, compuesto por expertos en salud pública y medicina preventiva, evalúa la evidencia científica para recomendar servicios que mejoren la salud y prevengan enfermedades.
Dos pequeñas empresas cristianas, que ofrecen seguros de salud a sus empleados, junto con algunos residentes de Texas, han demandado al gobierno federal, cuestionando la constitucionalidad de este grupo de trabajo. Su principal objeción se centra en la aprobación por parte del grupo de trabajo de medicamentos para la prevención del VIH, argumentando que estos fármacos «fomentan y facilitan el comportamiento homosexual».
El caso, conocido como Kennedy v. Braidwood Management, [https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/html/public/24-316.html] podría afectar a la cobertura gratuita de una amplia gama de servicios de salud, incluyendo exámenes de detección de cáncer y diabetes, medicamentos para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, y ungüentos oftálmicos para recién nacidos que previenen infecciones causantes de ceguera. En 2023, más de 150 millones de estadounidenses se beneficiaron de estos servicios preventivos sin costo alguno.
Una decisión favorable a los demandantes podría significar que las aseguradoras ya no estarían obligadas a ofrecer cobertura gratuita para ningún servicio recomendado por el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos desde 2010. Esto podría generar un aumento en los costos de atención médica para millones de personas y un retroceso en los esfuerzos por promover la salud preventiva.
Organizaciones de defensa de los derechos de la salud han advertido sobre las potenciales consecuencias devastadoras de una decisión adversa, señalando que podría exacerbar las disparidades en el acceso a la atención médica y socavar los avances logrados en la prevención de enfermedades. La administración Biden ha defendido enérgicamente la constitucionalidad de la disposición, argumentando que es esencial para garantizar el acceso a una atención médica asequible y de calidad para todos los estadounidenses.
