La justicia en el caso del expresidente Martín Vizcarra, acusado de cohecho durante su gestión como gobernador de Moquegua, enfrenta un prolongado camino. El proceso, que busca esclarecer la presunta recepción de coimas por parte de constructoras a cambio de la adjudicación de obras públicas, continuará avanzando a un ritmo pausado, con una única audiencia semanal. Esta decisión judicial implica que la resolución del caso, ya sea con una sentencia condenatoria o absolutoria, podría demorarse varios meses más de lo anticipado inicialmente. La lentitud del proceso genera incertidumbre en la opinión pública y plantea interrogantes sobre la eficacia del sistema judicial en casos de corrupción de alto nivel.
Según la investigación publicada por El Comercio, el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público solicitó al Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional (CSN) la programación de dos audiencias semanales, buscando agilizar el proceso.
La solicitud del Ministerio Público, liderado por el fiscal Germán Juárez Atoche, buscaba contrarrestar lo que consideraba tácticas dilatorias por parte de la defensa del exmandatario, centradas en la presentación de testigos y peritos. Además, la fiscalía argumentó la urgencia de acelerar el proceso debido al próximo vencimiento, el 4 de julio, del impedimento de salida del país que pesa sobre Vizcarra. La negativa del tribunal, presidido por la jueza Fernanda Ayasta, se fundamentó en la saturación de su agenda con otros juicios complejos, impidiendo la priorización del caso Vizcarra. El tribunal enfatizó que todos los procesos a su cargo avanzan a un ritmo similar, con una audiencia semanal.
El juicio contra Martín Vizcarra, iniciado el 28 de octubre de 2024, se centra en las acusaciones de la fiscalía por el presunto delito de cohecho. Se le imputa haber recibido S/ 1 millón de la constructora Obrainsa por el proyecto de irrigación Lomas de Ilo y S/ 1.3 millón de ICCGSA por la ampliación del Hospital de Moquegua. El Ministerio Público ha solicitado una condena de 15 años de prisión para el exmandatario, quien rechaza categóricamente las acusaciones.
Durante la vigésimo novena audiencia, el fiscal Juárez Atoche argumentó la necesidad de acelerar el proceso, recordando que ya se cumplían ocho meses de juicio. Si bien reconoció la carga procesal del tribunal, instó a considerar el desarrollo del proceso, señalando que la presentación de las pruebas de la fiscalía tomó menos tiempo que la de la defensa. El abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, se opuso a la solicitud, argumentando que su defendido enfrenta múltiples procesos legales, incluyendo algunos por delitos graves, y que necesita tiempo para preparar una defensa integral. Además, cuestionó que el debate sobre el juicio esté influenciado por factores externos al proceso penal.
La procuradora Karen Elespuru respaldó la solicitud del Ministerio Público, señalando la gran cantidad de pruebas documentales que se debatirán en las próximas audiencias. La jueza Ayasta respondió que el tribunal maneja en paralelo doce juicios orales complejos y que no puede priorizar uno sobre otro. Indicó que, en mayo, el tribunal tuvo 113 horas efectivas de juicio, la cifra más alta entre los juzgados colegiados de la Corte Superior Nacional. A partir de la próxima audiencia, se comenzarán a evaluar las pruebas documentales, 143 presentadas por la fiscalía y 108 por la defensa.
La decisión del juzgado implica que la sentencia podría demorarse hasta fines de 2025 o inicios de 2026, según estimaciones de penalistas consultados. Miguel Reyes, penalista, criticó la decisión del tribunal, argumentando que la alta expectativa ciudadana justifica una mayor celeridad en el proceso. Cecilia Madrid, catedrática de Derecho Penal, consideró que la respuesta del tribunal es coherente con su carga de trabajo. La extensión del juicio genera debate sobre la eficiencia de la justicia y la necesidad de resolver casos de corrupción de alto nivel en un tiempo razonable.
