La corrupción en la adjudicación de obras públicas no es un fenómeno nuevo en el país, pero ha evolucionado y se ha sofisticado hasta convertirse en una práctica institucionalizada que perjudica directamente a la población. Lo que antes se conocía como el “diezmo” —un 10% del valor de una obra exigido por las autoridades a los contratistas— sigue vigente, pero ahora se cobra de manera más descarada, sin ningún tipo de disimulo, a través de intermediarios familiares y funcionarios de confianza.
En décadas pasadas, alcaldes, gobernadores y demás autoridades exigían este “tributo” a las empresas que ganaban licitaciones. Hoy, esta misma práctica persiste: ahora no solo se cobra el 10%, de buena fuente sabemos que algunos funcionarios llegan a pedir el 15%, o incluso 25% de “diezmo”, asegurando que el contrato termine en manos de quien acepte este esquema corrupto. Se trata de una red de corrupción bien estructurada que involucra a autoridades regionales, funcionarios y empresarios cómplices que se prestan al juego sucio a cambio de contratos multimillonarios.
Actualmente, los propios empresarios, lejos de denunciar estas prácticas ilegales, se han convertido en sus principales cómplices. Con el fin de obtener contratos de construcción para escuelas, hospitales o carreteras, muchos aceptan pagar el porcentaje exigido por las autoridades de turno. ¿El resultado? Obras que nunca se terminan o que quedan en condiciones deplorables, perjudicando a miles de ciudadanos que siguen esperando infraestructuras de calidad.
En Huánuco posiblemente no existe autoridad política, que no haya estado involucrado en escándalos de corrupción. Lo más decepcionante es, que la gran mayoría, tanto a nivel regional como provincial y local, se dedicó a robar y no hizo nada por Huánuco.
Dicho esto, uno de los casos más recientes y escandalosos de sobrevaloración involucra a la actual gestión del gobernador de Huánuco, Antonio Pulgar, cuyo exdirector regional de Transportes y Comunicaciones fue responsable directo de una compra sobrevaluada de maquinarias. Ambos están señalados en una de la Contraloria la República ha confirmado que existió una sobrevaloración de 2 millones de soles en la compra de 18 camiones, supuestamente destinados a la mejora de carreteras en la región ante la temporada de lluvias y el cambio climático.
En teoría, deberían ser las instituciones encargadas de administrar justicia las de sancionar estos actos, pero en la práctica, operan bajo la misma lógica de corrupción. Las denuncias se presentan, los escándalos salen a la luz, pero al final, todo queda en el aire, sin culpables ni sanciones. El sistema judicial parece funcionar bajo el mismo esquema del “diezmo”, donde solo aquellos que “colaboran” ven resueltos sus problemas, mientras que la corrupción sigue impune.
