El consejero de la provincia de Leoncio Prado, Amancio del Águila Rodríguez, dio a conocer parte del informe final donde, de acuerdo a sus reportes, constató el tema de la contaminación, producto de la minería ilegal que se ejecuta en la provincia de Leoncio Prado, incumpliendo así con los requisitos exigidos por la ley.
“Estos mineros no tienen permiso para operar. Si bien es cierto que el gobierno ha prorrogado hasta el 31 de diciembre para que se les den las facilidades para que puedan formalizarse, eso no quiere decir que se les ha otorgado facilidades para destruir la naturaleza. Ninguno de ellos está respetando el medio ambiente y ninguno de ellos cumple con las exigencias de la ley”.
De acuerdo a lo manifestado por el consejero del Águila, el gasto del combustible en Puerto Inca sería el doble de las demás provincias y habría al menos 20 mil galones que estarían ingresando ilegalmente para las maquinarias de mineros informales. Dicha información fue entregada por dos técnicos de la gerencia de recursos naturales quienes advirtieron de esta situación. Lo que, a su juicio, evidencia tráfico de combustible.
Amancio del Águila, como presidente de la comisión investigadora de la minera en Puerto Inca, pide la intervención inmediata de autoridades competentes, el cierre de las operaciones mineras así como la destitución del director regional de Energía y Minas.
Las mineras visitadas fueron, Mampata Maquinaria Sac, Minera Tony Dos, Minera Estrella Polar, entre otras mineras, las cuales asegura el consejero, todas contaminan el medio ambiente, no utilizan dragas en el río Pachitea.
“Ninguno de los centros mineros visitados por los integrantes de la comisión investigadora cumple con los requisitos exigidos por ley”, afirmó el consejero.
Por otra parte, Del Águila informó que los ríos y quebradas afluentes del Pintuyacu, como San Pablo de Sinaí, están siendo afectados de manera insostenible e incontrolable por la contaminación provocada por los mineros que operan en la cuenca del río San Pablo Sinaí, en el distrito de Puerto Inca.
Finalmente, señaló que los mineros en proceso de formalización no recibieron capacitación en materia de minería por parte de la DREM. Así como tampoco existe el control fiscalizado de insumos por parte de la policía antidrogas.
