La transparencia en la gestión pública es un pilar fundamental de la democracia, permitiendo a los ciudadanos ejercer su derecho a la información y supervisar el accionar de sus representantes. Sin embargo, recientes acontecimientos han puesto en tela de juicio la voluntad del Ejecutivo peruano de rendir cuentas claras sobre decisiones que impactan directamente en el erario público. Específicamente, la controversia gira en torno al intento de acceder a la justificación del incremento salarial propuesto para la presidenta Dina Boluarte, generando suspicacias y cuestionamientos sobre el manejo de la información gubernamental.
Según la investigación publicada por El Comercio, la solicitud de acceso a documentos que sustentan la recomendación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para aumentar en un 125% el sueldo de la presidenta Boluarte, ha sido respondida con evasivas y argumentos que contradicen el espíritu de la Ley de Transparencia.
La negativa a entregar los cuatro oficios que originaron el informe del MEF, bajo el argumento de que el tema se encuentra en “proceso deliberativo” y, por ende, es “confidencial”, ha generado una ola de críticas. Esta respuesta, calificada como más propia de una agencia de inteligencia que de una entidad pública obligada a rendir cuentas, plantea serias dudas sobre la verdadera intención del gobierno en este asunto. Recordemos que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública busca garantizar el derecho de todo ciudadano a solicitar y recibir información de las entidades del Estado.
No es la primera vez que el Ejecutivo recurre a este tipo de estrategias para evitar el escrutinio público. El programa periodístico “Panorama” también se topó con la misma barrera al intentar obtener información similar, evidenciando una práctica sistemática de opacidad en torno a este tema en particular. Esta actitud levanta interrogantes sobre la legalidad y la ética de la decisión de aumentar el sueldo presidencial.
El debate sobre si el sueldo de la presidenta debe o no ser incrementado es legítimo y necesario. Sin embargo, la forma en que se está gestionando este asunto, ocultando la información que lo sustenta, alimenta la desconfianza ciudadana y erosiona la credibilidad de las instituciones. La justificación técnica de dicho aumento debería ser de dominio público, permitiendo a los ciudadanos comprender y evaluar los argumentos que lo respaldan.
La prensa, como garante del derecho a la información, tiene la responsabilidad de investigar y difundir este tipo de asuntos de interés público. En este caso, la solicitud de información no responde a un mero capricho, sino a la necesidad de informar a la ciudadanía, que en última instancia será la que financie dicho aumento salarial a través de sus impuestos. En un contexto de crisis económica y social, la transparencia en el manejo de los recursos públicos es más crucial que nunca.
Es importante recordar que la remuneración de altos funcionarios del Estado debe ser proporcional a sus responsabilidades y desempeño, pero también debe ser transparente y justificada. La opacidad en este tipo de decisiones solo genera suspicacias y alimenta la percepción de que existen intereses ocultos detrás de las mismas. La ciudadanía merece una explicación clara y convincente sobre el aumento salarial propuesto para la presidenta Boluarte.
