La reforma judicial en México, un proyecto ambicioso para transformar la estructura del poder judicial, ha tropezado en su arranque. La elección a nivel nacional de miles de jueces, celebrada el pasado fin de semana, se vio ensombrecida por un absentismo electoral sorprendentemente alto, donde cerca del 90% de los votantes optaron por no participar. Este proceso se enmarca en una serie de cambios constitucionales impulsados desde el ejecutivo, buscando, según sus defensores, una mayor democratización del sistema judicial. El debate sobre la independencia judicial y la separación de poderes ha sido constante desde que se propuso la reforma, generando tensiones entre los distintos actores políticos y sociales.
Según la investigación publicada por The New York Times, los resultados de la votación del domingo arrojaron una participación de apenas entre el 12.6% y el 13.3% del electorado, según estimaciones de la autoridad electoral nacional, alimentando serias dudas sobre la legitimidad del proceso. Este nivel de abstención coloca a esta controvertida elección judicial entre las de menor participación en comicios federales desde la transición democrática de México a principios de los años 2000. Este bajo índice de participación contrasta con el 60% registrado en las elecciones presidenciales del año anterior, donde Claudia Sheinbaum resultó electa.
El escaso interés mostrado por los votantes refleja la confusión y la incertidumbre que prevalecen en el país respecto a esta elección, que implica un cambio radical del sistema judicial, pasando de un modelo basado en designaciones a uno en el que los jueces son elegidos directamente por el pueblo. Los promotores de la reforma argumentan que fortalece la democracia, mientras que sus detractores la consideran una estrategia del partido Morena, en el poder, para consolidar su control sobre el poder judicial. Es importante recordar que la idea de la elección popular de jueces fue impulsada por Andrés Manuel López Obrador, antecesor de Sheinbaum, buscando erradicar la corrupción y el nepotismo, tras decisiones judiciales que afectaron proyectos clave de su administración.
Algunos votantes que sí acudieron a las urnas manifestaron desconcierto ante la abrumadora cantidad de candidatos que aspiraban a ocupar cerca de 2,700 puestos de jueces, incluyendo aquellos que formarán parte de la Suprema Corte de Justicia y otros tribunales federales y locales. Grupos de observación electoral reportaron que varios votantes recurrieron a “chuletas” proporcionadas por Morena, el partido de la presidenta Claudia Sheinbaum. La complejidad del proceso electoral, sumada a la falta de información clara sobre los candidatos, contribuyó al desinterés generalizado y a la sensación de manipulación.
Laurence Pantin, experta en independencia judicial y directora de la organización no gubernamental Juicio Justo, denunció un intento evidente de manipular el voto, señalando irregularidades como votantes portando hojas con indicaciones de candidatos, múltiples personas ingresando a las casillas de votación simultáneamente y votantes fotografiando sus boletas marcadas, lo que podría ser indicio de compra de votos. Estas prácticas, de confirmarse, minarían aún más la legitimidad del proceso electoral y generarían dudas sobre la transparencia del mismo.
Por su parte, Ricardo Anaya, senador y excandidato presidencial del Partido Acción Nacional, calificó en redes sociales la baja participación y el desconocimiento de los votantes como un “fracaso absoluto”, afirmando que “esto no es democracia, es un insulto”. Ante las críticas, la presidenta Sheinbaum defendió la elección judicial como un evento “inédito, impresionante, maravilloso y democrático”, a pesar de que las propias autoridades electorales habían previsto una participación ligeramente superior, en torno al 20%. No obstante, Arturo Castillo Loza, miembro del órgano rector de la autoridad electoral, describió la elección como un desafío inmenso, “organizado en un contexto extremadamente adverso”, donde los tres poderes del Estado obstaculizaron el proceso, sumado a la escasez de recursos asignados para la organización del evento.
