La inhabilitación de figuras políticas continúa generando debate en el Perú, impactando en el panorama electoral y la conformación de partidos. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha programado una audiencia pública virtual para el 6 de junio, con el fin de revisar la apelación presentada por el partido Perú Primero con respecto a la exclusión del expresidente Martín Vizcarra de su padrón de afiliados. Esta decisión surge tras la inhabilitación impuesta por el Congreso, generando un nuevo capítulo en el controvertido historial político de Vizcarra.
Según la investigación publicada por El Comercio, la audiencia se centrará en analizar los argumentos presentados por Perú Primero, buscando revertir la resolución que formalizó la salida de Vizcarra del partido, tras la sanción impuesta por el Congreso por su gestión como gobernador regional de Moquegua.
El proceso que derivó en esta audiencia se inició con la solicitud del JNE al Congreso para obtener información sobre ciudadanos inhabilitados. Posteriormente, se realizaron consultas al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional para confirmar si las disposiciones legislativas que afectaban a Vizcarra habían sido revertidas o seguían vigentes. Tras la confirmación de la inhabilitación por parte de las instituciones pertinentes, la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) del JNE procedió a ejecutar la medida, retirando a Vizcarra, junto con el exministro Víctor Zamora y el excongresista Freddy Díaz, del registro de afiliados a partidos políticos.
La solicitud inicial para retirar a Vizcarra fue presentada por Luis Miguel Caya, exconsejero regional de Moquegua, basándose en un fallo del Tribunal Constitucional que establece que las personas inhabilitadas para ejercer cargos públicos tampoco pueden participar en organizaciones políticas. Sin embargo, el partido Perú Primero, a través de su personero legal, Carlos Hernán Illanes Calderón, interpuso un recurso de apelación, lo que ha llevado a la convocatoria de la audiencia pública del 6 de junio.
Es importante recordar que la inhabilitación de Vizcarra se originó en una decisión del Congreso tomada en 2021, debido a presuntas irregularidades durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. Esta sanción le impide participar activamente en actividades políticas organizadas, generando controversia sobre su futuro político y su capacidad para influir en el escenario nacional. Cabe destacar que, a pesar de esta inhabilitación, el Congreso no logró aprobar una nueva sanción contra Vizcarra el pasado 30 de abril, relacionada con la disolución del Congreso en 2019, evidenciando la división política en torno a su figura.
Adicionalmente, Vizcarra ya cuenta con una segunda inhabilitación, aprobada en mayo de 2022, por un período de cinco años, relacionada con sus vínculos con empresas durante su gestión como titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento había propuesto una tercera inhabilitación por diez años, lo que le habría impedido ejercer cargos públicos hasta el 2035; sin embargo, esta propuesta no prosperó. El resultado de la audiencia del JNE será crucial para definir el futuro político inmediato de Martín Vizcarra y su posible participación en futuras contiendas electorales.
