La deforestación de 3.5 hectáreas en el Área de Conservación Regional (ACR) Bosque Montano de Carpish no es un caso aislado ni un daño menor. Es la expresión más reciente —y quizá una de las más alarmantes— de un fenómeno que crece a la sombra de la impunidad: el tráfico de tierras y la conversión ilegal de bosques en zonas de cultivo. Esta vez, el blanco ha sido Chinchao. Mañana puede ser cualquier otro rincón vital del ecosistema andino-amazónico.
El hallazgo, confirmado tras una alerta comunal y una acción conjunta de varias entidades estatales, revela un patrón preocupante: organizaciones —todavía sin identificar públicamente— operan con rapidez, maquinaria y objetivos precisos, destruyendo coberturas forestales para establecer cultivos como la granadilla. La pregunta clave es: ¿cómo logran operar en zonas protegidas sin que haya vigilancia permanente ni consecuencias efectivas?
La ciudadanía, una vez más, ha sido quien encendió la alarma. Fueron los vigilantes comunales quienes notificaron la intervención. Esta valiente acción contrasta con la limitada capacidad del Estado para sostener patrullajes continuos en zonas vulnerables. Si bien existen herramientas como imágenes satelitales, la deforestación avanza a un ritmo que siempre parece ir un paso adelante.
La gravedad de esta pérdida no está solo en la cantidad de hectáreas, sino en lo que representan: hábitats irremplazables para especies endémicas, reservas de carbono esenciales en un contexto de crisis climática y un equilibrio ecológico construido por siglos. Cuando una sola intervención puede fragmentar un ecosistema, la amenaza se vuelve exponencial.
Es urgente un cambio de estrategia. No basta con reaccionar después del daño. Se requiere una política activa de prevención, con presencia efectiva del Estado, sanciones ejemplares y una articulación real con las comunidades locales. Además, urge mayor transparencia de las autoridades regionales y ambientales: ¿quiénes están detrás? ¿qué se está haciendo para llevarlos ante la justicia? ¿Qué limitaciones enfrentan las instituciones y cómo se está reforzando su capacidad de acción?
La indiferencia institucional solo favorece a los ilegales. La desprotección de Carpish no es solo una cuestión ambiental; es también una prueba de fuego para el sistema de gobernanza regional. El Estado tiene la responsabilidad indelegable de proteger estos espacios. Cada hectárea arrasada sin respuesta es una derrota de la legalidad frente al crimen.
