La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consiguió un nuevo respiro judicial en el emblemático caso Cócteles. El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Wilson Verátegui Gálvez, dispuso levantar la comparecencia con restricciones que pesaba sobre ella desde hace tres años y reemplazarla por una comparecencia simple.
En términos prácticos, esto significa que la excandidata presidencial solo deberá acudir a las citaciones de la fiscalía y del Poder Judicial, sin las reglas de conducta que hasta ahora limitaban sus desplazamientos.
La decisión judicial tiene como eje central la Ley 32130, aprobada recientemente por el Congreso, que establece límites temporales a las medidas de coerción personal dictadas en procesos de investigación preparatoria.
El magistrado fue enfático al señalar que la norma resultaba “más beneficiosa” para Fujimori, pues la legislación previa no contemplaba plazos específicos, mientras que la actual sí. “En consecuencia, la norma vigente es la más favorable para la procesada Keiko Sofía Fujimori”, expresó Verátegui durante la lectura de su resolución.
Si bien la medida significa un alivio para la lideresa fujimorista, no supone que todo el proceso haya concluido. El juez rechazó, por el momento, la devolución de la caución de 70 mil soles que Keiko entregó como garantía. Ese dinero solo podrá ser recuperado si la lideresa resulta absuelta o si el caso es archivado antes de que se inicie un eventual juicio oral. “La caución sigue vigente, no como una medida de coerción personal, sino como una medida real o patrimonial”, precisó el magistrado.
Más allá de la resolución judicial, el futuro de Fujimori aún depende de lo que decida el Tribunal Constitucional (TC). Los siete magistrados que integran dicho órgano deliberan sobre la validez de la investigación por lavado de activos vinculada a los aportes recibidos en sus campañas electorales de 2010-2011 y 2015-2016.
El punto clave es determinar si, en esas fechas, la legislación peruana ya reconocía expresamente el delito de lavado de activos aplicado a fondos de origen ilícito en procesos electorales. Asimismo, los jueces constitucionales deberán establecer si existía o no el deber de conocer la procedencia irregular del dinero recibido por el partido.
De acuerdo con fuentes cercanas al TC, la mayoría de magistrados estaría inclinada a emitir una sentencia favorable a Keiko Fujimori, aunque todavía hay matices en discusión. Algunos miembros consideran que la decisión debe circunscribirse únicamente al caso Cócteles, evitando así que otros investigados por el caso Lava Jato o situaciones similares se vean beneficiados por una interpretación amplia.
