El fiscal José Domingo Pérez ha solicitado al Poder Judicial la imposición de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, por presuntos incumplimientos en las condiciones de su comparecencia con restricciones. Esta petición surge en el contexto del caso “Cócteles”, donde Fujimori es acusada de lavado de activos y de recibir aportes ilícitos durante sus campañas electorales de 2011 y 2016.
La audiencia para evaluar esta solicitud está programada para el 12 de junio, según anunció la Corte Superior Nacional de Justicia Penal. La Fiscalía argumenta que Fujimori se ausentó de la ciudad sin la previa autorización escrita del juzgado, una de las condiciones impuestas a su libertad condicional.
En defensa, Giuliana Loza, abogada de Fujimori, ha desestimado las acusaciones, calificando la acción del fiscal como desesperada y sin fundamento. Según Loza, recientes decisiones judiciales han confirmado que Fujimori no requiere autorización para desplazarse, contradiciendo las afirmaciones de la Fiscalía.
El pedido de prisión preventiva ha generado reacciones divididas en el ámbito político, con miembros de Fuerza Popular defendiendo a Fujimori y criticando lo que consideran un uso político de la justicia. Este nuevo capítulo legal se añade a la ya tensa situación política en Perú, destacando la polarización y los continuos desafíos en el sistema judicial del país.
