La comunidad nativa de Santa Martha, perteneciente a la etnia kakataibo, vive momentos de tensión en el distrito de Codo del Pozuzo, provincia de Puerto Inca. Desde hace semanas, colonos descendientes de alemanes han ingresado a su territorio, amparados en títulos de propiedad otorgados por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), para talar madera de manera indiscriminada.
Los comuneros denuncian que la titulación se realizó sin consulta previa, vulnerando sus derechos territoriales. Con los documentos en mano, los colonos han derribado árboles y, el pasado miércoles 13 de agosto, tumbaron postes de electricidad, dejando sin servicio a la población.
El jueves 14, cansados de la inacción de las autoridades, los nativos salieron en bloque para expulsar a los invasores y defender su territorio, afirmando que están dispuestos a dar la vida por proteger su bosque y su forma de subsistencia. “Ninguna autoridad de Codo del Pozuzo o Huánuco nos respalda, solo nos queda defendernos”, expresó un dirigente comunal.
La comunidad de Santa Martha depende directamente del bosque para la caza, pesca y recolección, actividades esenciales para su alimentación y cultura. La pérdida de cobertura forestal amenaza la biodiversidad, el equilibrio ecológico y su identidad cultural.
Líderes comunales y defensores indígenas exigen una revisión inmediata de los títulos emitidos por COFOPRI, así como la presencia de autoridades competentes para frenar la tala y garantizar la seguridad de la comunidad. También solicitan sanciones contra quienes promueven la invasión y el comercio ilegal de madera.
El docente Enoch Calderón Jara, quien labora en la escuela nativa de Santa Martha, alertó sobre la agresividad de los invasores, señalando que las confrontaciones podrían escalar si no se interviene a tiempo.
La situación se enmarca en un contexto mayor de amenazas que enfrentan las comunidades indígenas amazónicas por actividades ilegales como la minería, el narcotráfico y la tala, donde la ausencia de acciones concretas por parte del Estado deja a las poblaciones en situación de extrema vulnerabilidad.
