Un juzgado de Bolivia ordenó la suspensión inmediata del tratamiento legislativo de dos contratos gestionados por el gobierno de Luis Arce con empresas extranjeras para la industrialización del litio. La medida, de carácter cautelar, también prohíbe a la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y al Ministerio de Hidrocarburos ejecutar cualquier acción administrativa relacionada con dichos acuerdos hasta que se resuelva el fondo del proceso judicial.
La decisión fue motivada por una acción popular presentada por la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez, en Potosí, que denunció la vulneración de derechos indígenas y amenazas al medioambiente en la zona del salar de Uyuni, donde se desarrollarían los proyectos. El colectivo indígena celebró la resolución judicial y pidió estudios ambientales participativos, consulta previa y una Ley del Litio y Recursos Evaporíticos.
Los contratos detenidos fueron firmados con la empresa rusa Uranium One y la china Hong Kong CBC. El primero, suscrito en septiembre de 2024, preveía la producción de 14,000 toneladas anuales de carbonato de litio con una inversión superior a los 970 millones de dólares. El segundo, firmado dos meses después, contemplaba el establecimiento de dos plantas con capacidad de 10,000 y 25,000 toneladas, con una inversión total de 1,030 millones de dólares.
Ambos contratos fueron remitidos a la Asamblea Legislativa, donde legisladores y analistas los criticaron por falta de transparencia, ausencia de socialización y presuntos sobornos. La diputada opositora Lissa Claros advirtió que ya se habían iniciado operaciones sin aprobación legal.
La paralización representa un nuevo revés para el país, que pese a contar con vastas reservas de litio, aún no logra consolidar una industria que permita pasar de proveedor de materia prima a exportador industrializado.
