La Junta de Fiscales Supremos acordó adelantar para inicios del 2026 la discusión sobre la designación del próximo fiscal de la Nación, lo que supone correr el reloj de la sucesión un año antes de lo que marcaba el calendario original de gestión de Delia Espinoza, cuyo mandato estaba proyectado hasta el 2027.
La sesión realizada este miércoles no incluyó una votación, sino un análisis exclusivo de las implicancias de la inhabilitación por 10 años que el Congreso impuso a Espinoza. En la práctica, el colegiado abrió el escenario para que, en 2026, se decida quién dirigirá el Ministerio Público, en un contexto de fuerte tensión entre poderes del Estado.
Gálvez seguirá de interino
El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, afirmó que nunca estuvo en agenda elegir a un nuevo titular en esta sesión y negó que exista un proceso inmediato de reemplazo. Sin embargo, confirmó que la Junta retomará el debate en enero o febrero del 2026, adelantando la discusión sucesoria que, en condiciones habituales, recién arrancaría hacia el final del mandato de Espinoza.
Gálvez subrayó que la inhabilitación de Espinoza es temporal y no cancela su título de fiscal suprema, lo que genera un escenario jurídico complejo: su plaza sigue existiendo formalmente, pero ella está apartada de funciones. Por ello, sostuvo que la Junta revisará jurisprudencia y precedentes internos antes de tomar cualquier decisión sobre un reemplazo definitivo. Mientras tanto, él continuará como fiscal de la Nación interino, en tanto el colegiado no adopte una nueva resolución.
TC frena el regreso de Espinoza
El movimiento de la Junta se produce en paralelo a una ofensiva jurídica. El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la medida cautelar solicitada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y ordenó suspender los efectos de varias resoluciones del Poder Judicial que buscaban reponer a Delia Espinoza en su cargo.
La decisión del TC bloquea cualquier intento de restitución inmediata de la fiscal inhabilitada y mantiene vigente la sanción mientras se resuelve el fondo del caso. En los hechos, esto consolida la posición de la JNJ y deja a Espinoza fuera del tablero institucional, a la vez que preserva a Tomás Gálvez al frente del Ministerio Público mientras la Junta resuelve cómo manejar la sucesión.
Inhabilitación de 10 años
El Congreso de la República oficializó la inhabilitación de Delia Espinoza mediante la Resolución Legislativa 008-2025-2026-CR, publicada en El Peruano, que la aparta del cargo por 10 años. La medida fue impulsada a través de la Denuncia Constitucional 528, presentada en octubre de 2024, que la acusó de delitos como abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones.
Si bien el Parlamento respaldó la sanción, diversos sectores la han interpretado como una represalia política, tomando en cuenta que parte de los congresistas que votaron a favor enfrentan investigaciones en el propio Ministerio Público. La inhabilitación alteró por completo el mapa de sucesión en la Fiscalía y abrió el debate que la Junta ahora adelanta para 2026.
Nombres en disputa
De acuerdo con la composición actual, cualquiera de los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos podría ocupar la Fiscalía de la Nación. Entre ellos se encuentran: Tomás Gálvez (actual fiscal de la Nación interino). Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Patricia Benavides. Estos tres últimos ya ocuparon anteriormente el máximo cargo del Ministerio Público.
A esta lista se suma Luis Arce, fiscal supremo restituido por la Junta Nacional de Justicia el 5 de diciembre, el mismo día en que el Congreso aprobó la inhabilitación de Espinoza. Su eventual candidatura estaría rodeada de cuestionamientos: Fue destituido en 2021 por la JNJ tras abandonar su cargo en el JNE durante la segunda vuelta presidencial. Su nombre apareció en las pesquisas del caso “Cuellos Blancos”. Enfrenta una denuncia por enriquecimiento ilícito, aunque una acusación constitucional fue archivada por el Congreso y el Poder Judicial rechazó suspenderlo.
