El presidente del BCRP pone en evidencia la pérdida de peso del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú en la toma de decisiones, en un contexto de medidas controversiales como los retiros de las AFP y un crecimiento económico en desaceleración.
La estabilidad económica del Perú atraviesa una etapa crítica. En medio de ajustes en las proyecciones de crecimiento y un debate creciente sobre las políticas previsionales, las declaraciones recientes del presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, han encendido una señal de alerta institucional: la creciente exclusión de los criterios técnicos en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) podría estar minando las bases de la gobernabilidad económica del país.
Durante su intervención pública, Velarde cuestionó la forma en que se han tomado decisiones económicas recientes, particularmente la aprobación de múltiples retiros de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), sin atender las advertencias técnicas del MEF. Este debilitamiento del peso técnico en las decisiones gubernamentales, advirtió, socava la credibilidad del propio ministerio y expone al Estado a una gestión basada en criterios políticos o populistas.
El señalamiento de Velarde no se limita a una crítica puntual. Representa una advertencia estructural sobre el modo en que se están formulando las políticas públicas en el país. El desplazamiento del análisis técnico en el MEF pone en riesgo no solo la sostenibilidad fiscal y previsional, sino también la confianza de los mercados y la planificación económica a largo plazo. En este contexto, resulta urgente evaluar cómo esta pérdida de influencia técnica puede afectar al país en un escenario de incertidumbre económica regional y global.
La pérdida de influencia técnica del MEF: un retroceso institucional
La afirmación de Julio Velarde no es aislada ni menor. Desde su rol al frente del BCRP, una de las instituciones más respetadas en la arquitectura económica del Perú, Velarde ha defendido reiteradamente la necesidad de preservar la autonomía y el rigor técnico en los procesos de formulación de políticas públicas. Al advertir que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) “ya no es escuchado como antes”, el economista no solo hace referencia a una coyuntura reciente, sino a una tendencia más profunda: la erosión progresiva del criterio técnico como columna vertebral de las decisiones económicas.
Durante décadas, el MEF ha sido considerado un bastión de análisis técnico y prudencia fiscal. Ha desempeñado un papel fundamental en la estabilización de la economía peruana desde los años noventa, ganando reconocimiento internacional por su capacidad de planificación, control presupuestal y evaluación de impacto. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial han valorado esta tradición técnica como un activo clave para mantener la confianza de los inversionistas y garantizar la sostenibilidad macroeconómica.
No obstante, en los últimos años —particularmente desde el inicio de la pandemia y los constantes cambios en el Ejecutivo— este capital institucional se ha visto comprometido. Decisiones como los retiros sucesivos de fondos previsionales, el relajamiento del déficit fiscal o la implementación de subsidios sin estudios de impacto claros, han sido impulsadas sin contar con el respaldo o análisis técnico del MEF. Velarde señaló que este tipo de decisiones debilitan la función rectora del ministerio y generan señales contradictorias para los actores económicos.
La pérdida de peso de los criterios técnicos en el MEF también se refleja en la dinámica entre el Ejecutivo y el Congreso. Mientras las propuestas técnicas del MEF son, en varios casos, minimizadas o descartadas, iniciativas legislativas de alto costo fiscal y sin respaldo económico han logrado aprobarse con facilidad. Esto revela una desconexión peligrosa entre la formulación técnica y la decisión política. El exministro de Economía David Tuesta señaló recientemente que “sin una cultura de respeto por la técnica, se arriesga el equilibrio fiscal y la credibilidad internacional”.
Así, lo que está en juego no es solo la autonomía del MEF, sino el modelo de gobernabilidad económica que ha sostenido al país en décadas recientes. El desplazamiento de los criterios técnicos en el MEF amenaza con desdibujar la institucionalidad económica que ha permitido al Perú mantenerse como una de las economías más estables de América Latina, incluso en escenarios de alta volatilidad regional.
El impacto de los retiros de AFP en el sistema previsional y el equilibrio macroeconómico
Uno de los temas más sensibles en la agenda pública ha sido, sin duda, la autorización de múltiples retiros extraordinarios de los fondos de pensiones de las AFP. Desde 2020 hasta 2024, el Congreso peruano ha aprobado siete retiros sucesivos, sumando un retiro potencial de más de S/90 mil millones del sistema previsional privado, según cifras del propio BCRP. Lo que empezó como una medida excepcional ante la emergencia sanitaria, rápidamente se convirtió en una herramienta política sin evaluación integral de su impacto a largo plazo.
El presidente del BCRP, Julio Velarde, ha calificado esta práctica como una forma de “matar el sistema de pensiones”. En declaraciones recogidas por diversos medios, advirtió que “no hay sistema previsional que resista siete retiros consecutivos”. De hecho, el propio Banco Central ha estimado que, con el nuevo retiro de hasta 4 UIT aprobado en 2024, cerca de 2.8 millones de afiliados quedarían sin ningún fondo previsional, agravando su situación de vulnerabilidad en la vejez.
Este tipo de medidas, aprobadas sin análisis actuarial ni consulta al MEF, son ejemplos claros del desplazamiento de los criterios técnicos en el MEF. Ninguna de las decisiones sobre los retiros recientes fue acompañada por estudios oficiales del impacto fiscal, distributivo o previsional a largo plazo. Tampoco se consideraron alternativas sostenibles, como reformas estructurales al sistema previsional o mecanismos de protección focalizados para personas en desempleo prolongado.
La Asociación de AFP del Perú ha advertido que estas decisiones debilitan no solo las pensiones futuras, sino también el mercado de capitales. Como consecuencia de los retiros, las AFP se vieron obligadas a liquidar activos en montos importantes, afectando la rentabilidad del sistema y generando inestabilidad en el mercado financiero local. Esta situación ha sido alertada también por organismos internacionales. En su revisión del Artículo IV del Perú en 2023, el FMI expresó preocupación por la persistencia de decisiones “con alto costo fiscal y sin sustento técnico suficiente”, recomendando al Gobierno peruano evitar nuevas medidas que deterioren la sostenibilidad previsional.
Además, un informe de la OCDE de 2022 subrayó que “los retiros anticipados de pensiones deben limitarse a casos extremos y siempre acompañados por criterios técnicos sólidos y análisis de impacto intergeneracional”. En el caso peruano, estos principios han sido omitidos sistemáticamente.
La ausencia de criterios técnicos en el MEF durante la evaluación de los retiros previsionales no solo expone a los trabajadores a una jubilación sin garantías, sino que socava la capacidad del país de construir una política fiscal predecible y responsable. La política previsional, en lugar de ser una reforma técnica con consenso, ha sido capturada por la urgencia electoral y el cortoplacismo político.
Perspectivas de crecimiento, sostenibilidad fiscal y señales al mercado internacional
La fragilidad de los criterios técnicos en el MEF no solo ha tenido consecuencias internas en la formulación de políticas, sino que también ha comenzado a afectar la percepción del Perú en los mercados internacionales. La capacidad del Estado para sostener un modelo económico predecible, confiable y fiscalmente responsable se encuentra en entredicho, particularmente en un contexto de desaceleración global y aumento de la incertidumbre geopolítica.
En junio de 2025, el Banco Central de Reserva del Perú redujo su proyección de crecimiento económico para el presente año a 3.1%, una baja significativa considerando que en diciembre de 2024 estimaba una expansión del 3.6%. Esta revisión responde principalmente a un menor dinamismo en el sector minero —debido a retrasos regulatorios y conflictos sociales— y en el sector hidrocarburos, que viene enfrentando un entorno global menos favorable en precios. A ello se suma un entorno interno de debilidad institucional y escasa predictibilidad en las decisiones de política fiscal, lo que ha restado confianza a los inversionistas.
Julio Velarde ha expresado con preocupación que la expansión del gasto público en el Perú viene superando el ritmo de ingresos fiscales. De hecho, se estima que el déficit fiscal cerrará 2025 en 2.5% del PBI, un nivel que, si bien se encuentra dentro de los límites prudenciales regionales, marca una tendencia creciente. “El problema es que se está financiando gasto corriente con recursos extraordinarios, y eso no es sostenible en el tiempo”, afirmó Velarde durante la presentación del último Reporte de Inflación del BCRP.
El MEF, que históricamente ha sido el principal garante del equilibrio fiscal del país, ha perdido protagonismo en las decisiones estructurales. Desde 2021, según varios analistas económicos, el Ministerio ha sido gradualmente desplazado en la toma de decisiones clave, como la política de subsidios generalizados, las transferencias no condicionadas o los ajustes presupuestales sectoriales. En palabras del economista Elmer Cuba, “la erosión de los criterios técnicos en el MEF está empezando a contaminar la política fiscal, que era la última trinchera institucional que aún se sostenía”.
Las calificadoras de riesgo han tomado nota de esta situación. En su informe de marzo de 2025, Fitch Ratings mantuvo la calificación soberana del Perú en BBB, pero alertó sobre la “creciente presión fiscal y la disminución del espacio político para medidas de consolidación estructural”. Por su parte, Moody’s señaló que “la calidad técnica del diseño fiscal se ha deteriorado, lo que genera preocupaciones sobre la sostenibilidad de mediano plazo”.
En un país que ha dependido históricamente de su estabilidad macroeconómica como ancla para el desarrollo, la pérdida de autoridad técnica en el MEF no solo tiene consecuencias inmediatas, sino que mina las bases de confianza necesarias para atraer inversión, acceder a crédito externo en condiciones favorables y sostener políticas contracíclicas en momentos de crisis.
Hacia una reconstrucción de la autoridad técnica del MEF: retos y caminos posibles
La recuperación de la credibilidad técnica del Ministerio de Economía y Finanzas no será una tarea sencilla. Implica enfrentar no solo un entorno político fragmentado y con escasa voluntad de reforma, sino también una ciudadanía cada vez más desconfiada de las instituciones y tentada por respuestas populistas de corto plazo. Sin embargo, los expertos coinciden en que es urgente reconstruir la centralidad de los criterios técnicos en el MEF si se quiere garantizar un horizonte económico sostenible para el país.
Uno de los pasos clave, según diversos analistas, es restaurar la autonomía operativa y política del MEF. Durante los últimos cinco años, la cartera ha enfrentado una alta rotación de ministros —siete titulares entre 2021 y 2025— lo que ha debilitado la continuidad de sus políticas y reducido su capacidad de interlocución técnica. El Banco Mundial ha advertido que “la estabilidad institucional y la continuidad técnica son factores esenciales para la calidad de la política fiscal”, recomendando reforzar la meritocracia en la alta función pública como primer paso.
Asimismo, se requiere reactivar el diálogo técnico con el Congreso. Gran parte del deterioro actual se debe a la ruptura entre los análisis del MEF y las decisiones legislativas, que aprueban medidas sin informes previos ni análisis de impacto. Iniciativas como la creación de una Oficina de Presupuesto del Congreso —similar a la CBO en Estados Unidos— han sido planteadas como mecanismos para elevar el nivel del debate legislativo en materia fiscal. Esta oficina permitiría que todas las propuestas con efecto presupuestal sean revisadas bajo parámetros técnicos independientes, reintroduciendo la lógica de evaluación en el proceso parlamentario.
Otro componente esencial es la transparencia y rendición de cuentas. El MEF debe fortalecer su rol de vocero técnico del país, comunicando con claridad el impacto real de las decisiones populistas. Informes públicos, documentos de política económica traducidos al lenguaje ciudadano y campañas de educación financiera pueden contribuir a reconstruir la conexión entre la técnica y la confianza ciudadana.
Julio Velarde ha insistido en que el Perú aún conserva activos institucionales valiosos: un banco central autónomo, una trayectoria de responsabilidad fiscal y una clase técnica competente. “Pero esos activos pueden desaparecer si no se cuidan”, advirtió recientemente. En efecto, el país se encuentra en una encrucijada: continuar por el camino del deterioro técnico o apostar por una reconstrucción institucional basada en evidencia, análisis y responsabilidad intergeneracional.
En tiempos de incertidumbre global, contar con criterios técnicos en el MEF no es un lujo tecnocrático: es una necesidad política, económica y moral. Es la única vía para volver a articular un proyecto nacional viable, justo y sostenible.
