La prisión preventiva dictada contra el ex presidente Martín Vizcarra ha generado diversas reacciones, especialmente en el ámbito económico, donde si bien no se anticipa un impacto significativo, sí se advierte una señal negativa para la percepción del país a nivel internacional. La medida cautelar fue impuesta en el marco de la investigación por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, específicamente en los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua, casos que han mantenido al exmandatario en el ojo de la tormenta política y judicial por varios años. La decisión judicial se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre la clase política y la necesidad de fortalecer la institucionalidad del país.
Según la investigación publicada por El Comercio, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, minimizó el impacto económico directo de la prisión preventiva, pero destacó el daño reputacional que podría generar para el país.
El juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, fundamentó su decisión en la existencia de peligro procesal y riesgo de fuga, sumado a lo que consideró un comportamiento cuestionable por parte del acusado durante el proceso. Este razonamiento judicial fue clave para justificar la imposición de la prisión preventiva, una medida que busca asegurar la presencia de Vizcarra durante las etapas restantes de la investigación y evitar posibles obstrucciones a la justicia. La Fiscalía, por su parte, había solicitado la medida cautelar argumentando la necesidad de garantizar el desarrollo adecuado de las diligencias.
La prisión preventiva, que se extenderá por cinco meses, representa un punto de inflexión en el proceso judicial contra Vizcarra. Si bien no implica una condena definitiva, sí limita su libertad mientras se avanza en la recolección de pruebas y testimonios. Este tipo de medidas cautelares son comunes en investigaciones por corrupción, especialmente cuando se busca evitar la alteración de pruebas o la influencia sobre testigos.
Más allá del caso específico, la declaración de Julio Velarde resalta la importancia de la estabilidad institucional y la imagen del país para atraer inversiones y mantener la confianza de los mercados. La percepción de un país con problemas, como la calificó el presidente del BCRP, puede generar incertidumbre y afectar las decisiones de inversión a largo plazo. La gobernabilidad y la transparencia son factores clave para construir una economía sólida y sostenible.
En un contexto diferente, Velarde también presentó la moneda conmemorativa por el centenario de la reincorporación de Tarata, un evento histórico para el país. La moneda, con un valor nominal de un sol y un diseño especial, busca rendir homenaje a este importante acontecimiento y fortalecer el sentimiento de identidad nacional. La acuñación de monedas conmemorativas es una práctica común de los bancos centrales para celebrar eventos históricos o culturales relevantes.
