La situación legal del exministro Julio Demartini se encuentra nuevamente bajo escrutinio. En el centro de la controversia, se halla la solicitud fiscal de impedir su salida del país, vinculada a presuntas irregularidades durante su gestión en el programa Qali Warma. Este programa, crucial para la alimentación escolar, ha sido objeto de investigaciones previas, incluso a nivel congresal, debido a denuncias sobre la calidad de los alimentos y los procesos de contratación.
Según la investigación publicada por El Comercio, Demartini compareció en una audiencia virtual ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el magistrado César San Martín, en la que se evaluó la apelación del Ministerio Público contra la decisión inicial que denegó la restricción de salida del país al exfuncionario.
Durante la sesión, el representante del Ministerio Público argumentó que existen elementos suficientes para sospechar la existencia de contratos irregulares dentro del programa Qali Warma. En específico, el fiscal señaló que el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, no habría valorado adecuadamente dichas pruebas al momento de emitir su fallo inicial. El pedido original de la fiscalía es que se imponga un impedimento de salida del país por un periodo de ocho meses, argumentando que esto es necesario para asegurar la presencia de Demartini durante el proceso de investigación.
La fiscalía busca, por lo tanto, que la Sala Penal Permanente revoque la decisión previa o, en su defecto, declare nulo el fallo inicial y ordene una nueva valoración de todas las pruebas presentadas. Este caso se suma a una serie de investigaciones en torno a la gestión de programas sociales, poniendo en evidencia la necesidad de mayor transparencia y control en la administración de fondos públicos destinados a la población más vulnerable.
Al concluir la presentación de los argumentos de la fiscalía y la defensa legal de Demartini, el magistrado San Martín concedió al exministro la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa personal. Demartini, quien renunció a su cargo en medio de las acusaciones, defendió su inocencia, argumentando que las sospechas se basan en “hechos y especulaciones” originadas en noticias y testimonios de aspirantes a colaboradores eficaces.
El exministro aseveró que está dispuesto a colaborar plenamente con las investigaciones. Demartini insistió en que las acusaciones provienen de un “desconocimiento absoluto” de los procedimientos de contratación del programa Qali Warma, asegurando que ningún ministro tiene injerencia directa o indirecta en dichos procesos. En este contexto, es importante recordar que Qali Warma atiende a miles de instituciones educativas a nivel nacional, lo que implica una logística compleja y una supervisión exhaustiva.
La investigación fiscal se centra en la presunta existencia de un interés indebido por parte de Demartini en favorecer a la empresa Gambrinos, vinculada a Martín Riepl, como proveedor de programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Según el testimonio de Carlos Guillén, aspirante a colaborador eficaz y presunto amigo cercano de Dina y Nicanor Boluarte, estos actos irregulares habrían ocurrido a lo largo de la gestión de Demartini desde el año 2022. La resolución de este caso podría tener un impacto significativo en la percepción pública de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.
