La vida sigue. El juez supremo César San Martín Castro alcanzó la edad de jubilación y este martes se despidió oficialmente de la Corte Suprema de Justicia, cerrando una trayectoria de 37 años en la magistratura. Su recorrido comenzó en 1976, cuando ingresó al Poder Judicial como amanuense, y culmina tras décadas marcadas por tensiones políticas, amenazas y reformas inconclusas.
En su discurso de despedida, San Martín mantuvo el tono que lo ha caracterizado: un mensaje de defensa del Estado de derecho, de búsqueda de la verdad y de resistencia ante las presiones del poder, sean políticas, económicas, mediáticas, o vinculadas al terrorismo y el crimen organizado. “Será la historia la que juzgue si lo que hice tuvo algún mérito. Más allá de mis errores, me dediqué a la justicia con absoluta buena fe”, afirmó, reivindicando su compromiso con la legalidad y el orden jurídico.
San Martín es considerado uno de los magistrados que más influyó en el pensamiento penal peruano, especialmente desde su reingreso a la judicatura en 2004 como juez titular de la Corte Suprema. Ese retorno ocurrió después de haber sido cesado tras el autogolpe de 1992, una salida que su entorno ha calificado como ilegítima y que lo obligó a refugiarse en España, en plena etapa del régimen Fujimori–Montesinos.
Antes de ese quiebre, había escalado desde su primer cargo hasta convertirse en juez instructor y posteriormente en juez superior titular de Lima, en un período donde la presión sobre el sistema de justicia era intensa. Su retorno, años más tarde, consolidó una figura que se movería desde entonces en el centro de los grandes procesos penales del país.
Uno de los episodios más emblemáticos de su carrera ocurrió en 2007, cuando, a pedido del entonces presidente del Poder Judicial, Francisco Távara Córdova, asumió la presidencia de la Sala Penal Especial encargada del proceso contra el expresidente Alberto Fujimori, junto con los jueces supremos Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo.
Prado recordó que Távara les comunicó el encargo cuando estaban dictando clases universitarias, y que San Martín respondió con una frase directa: “Hay que ponernos a trabajar inmediatamente”. Según ese testimonio, el equipo se trasladó al Palacio de Justicia para organizar de inmediato el juicio, cuyo desarrollo público y sentencia han sido considerados un referente internacional en materia de justicia y derechos humanos.
En 2010, San Martín fue elegido presidente del Poder Judicial para el período 2011–2012, y posteriormente se desempeñó como presidente de la Sala Penal Permanente hasta el 30 de diciembre, fecha en la que culmina su función jurisdiccional. Es reconocido ampliamente como uno de los principales especialistas del país en derecho procesal penal, con una influencia visible en jueces, fiscales y abogados.
Durante su despedida, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, destacó su trayectoria y subrayó su firmeza en momentos en que la presión política y mediática intentó condicionar decisiones judiciales. En su mensaje, resaltó que San Martín aplicó la ley “con rigor y humanidad”, y propuso que su legado sea considerado como símbolo del bicentenario de la Corte Suprema.
En la ceremonia realizada en el Palacio de Justicia, a la que asistieron magistrados de diversas instancias, San Martín repasó episodios decisivos del país: el retorno democrático en los años 80, las amenazas del terrorismo, las reformas fallidas, el golpe de 1992, su retorno a la Corte Suprema, el avance del crimen organizado y el auge de discursos extremos. Su reflexión final apuntó a un eje que considera clave: la defensa del orden constitucional vinculada al derecho internacional.
“El Perú no es una isla”, sostuvo, y remarcó que no se puede oponer la Constitución al derecho internacional ni invocar soberanía nacional desconociendo las reglas básicas del orden global. Enfatizó que la tarea judicial será difícil, pero insistió en que el Poder Judicial debe garantizar los derechos legítimos de la ciudadanía. Con su retiro, San Martín anunció que se dedicará a la docencia universitaria, manteniéndose activo en el debate jurídico desde la academia.
