El presidente de la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Huaura, Víctor Raúl Mosqueira Neyra, confirmó que la liberación de los presuntos integrantes de la organización criminal “Las Hienas Verdes” se dio en cumplimiento de la Ley 32181, promulgada recientemente. En una declaración oficial difundida por la Gerencia de Imagen y Comunicaciones del Poder Judicial, el magistrado subrayó que esta decisión se basó estrictamente en la normativa vigente y en la potestad judicial de aplicar el control difuso.
“Debe precisarse que la liberación de los investigados se da exclusivamente en cumplimiento de la citada ley y que, por referirse a la libertad de imputados, no podía dejar de ser materia de pronunciamiento de parte de la Sala”, señaló Mosqueira Neyra.
El caso de “Las Hienas Verdes”
La Sala de Apelaciones de Huaura, presidida por Mosqueira, declaró fundado, por mayoría, el recurso de apelación presentado por los detenidos, ordenando su inmediata libertad. Según la resolución, ninguno de los implicados fue arrestado en flagrancia, sino por hechos delictivos ocurridos mucho tiempo atrás, lo que impedía la aplicación de una orden de prisión preliminar bajo las condiciones de la Ley 32181.
Entre los liberados figuran miembros de la presunta organización criminal conocida como “Las Hienas Verdes”, acusada de extorsionar empresas de transporte público y de carga pesada. Según las investigaciones de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huaura, esta banda estaría operando desde 2022 bajo el liderazgo de Javier La Rosa e incluiría a tres efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Barranca.
A los detenidos se les atribuyen delitos como extorsión, homicidio calificado, encubrimiento y tenencia ilegal de armas de fuego. Cumplían una orden de detención preliminar de 15 días, vigente desde el 6 de diciembre, emitida por el fiscal provincial José Antonio Silva Vidal.
La polémica Ley 32181
La Ley 32181, promulgada por la presidenta Dina Boluarte, establece que la detención preliminar solo puede aplicarse en casos de flagrancia delictiva. Para otros casos, donde los hechos se descubren después de 48 horas, solo cabe solicitar prisión preventiva mediante audiencia pública.
Esta normativa generó una ola de críticas, especialmente tras la liberación de los integrantes de “Las Hienas Verdes”. Sin embargo, Mosqueira Neyra aclaró que el control difuso, utilizado para evaluar la aplicación de una ley en casos concretos, es una potestad exclusiva del juez. “La decisión de aplicar el control difuso no responde a un pedido de las autoridades, sino al análisis del juez sobre la validez de la norma en cada situación”, explicó el magistrado.
Declaraciones y reacciones
Durante la audiencia realizada el 12 de diciembre, el Ministerio Público no presentó apelaciones inmediatas, pero posteriormente anunció que llevará el caso ante la Corte Suprema. Según un comunicado oficial, la Fiscalía buscará que la máxima instancia judicial del país determine la constitucionalidad de la Ley 32181 mediante el control difuso.
A pesar de la apelación pendiente, los implicados quedaron en libertad, y cualquier intento de revertir esta situación requerirá una solicitud formal de prisión preventiva, que deberá resolverse en una audiencia pública.
El Ministerio Público reiteró su preocupación por las implicancias de la nueva ley, considerando que limita la capacidad de las autoridades para actuar rápidamente en casos complejos de criminalidad organizada.
Impacto y análisis
La liberación de “Las Hienas Verdes” ha reavivado el debate sobre las limitaciones de la Ley 32181. Organizaciones civiles, juristas y analistas políticos han cuestionado la celeridad con la que se promulgó esta normativa y su posible impacto en la lucha contra la delincuencia.
En contraste, defensores de derechos humanos sostienen que la ley busca garantizar el debido proceso y evitar abusos en la aplicación de detenciones preliminares. No obstante, casos como el de “Las Hienas Verdes” evidencian los desafíos que enfrentan las autoridades para equilibrar justicia y seguridad ciudadana.
La controversia continúa mientras se espera un pronunciamiento de la Corte Suprema sobre la constitucionalidad de la norma. Entretanto, el caso se ha convertido en un ejemplo emblemático de los dilemas legales y éticos que enfrenta el sistema judicial peruano.
