El 28 de marzo a las 5:00 de la tarde la Sala de Apelaciones decidirá si confirma o revoca la sentencia de un año de cárcel suspendida por abuso de autoridad contra el exalcalde Jesús “Koko” Giles, por la clausura arbitraria de la empresa Corporación Turística Cole Travel Perú en 2012.
En 2017 Giles y su ex subgerente Josías Leandro, también fueron inhabilitados por 1 año para ejercer cargo público por ordenar arbitrariamente el tapiado del local de Cole Travel de Carola Córdova Facundo, acusada de estafar a alumnos del colegio San Vicente de La Barquera.
En este caso se juegan muchos intereses. Si la sentencia se confirma deja fuera de carrera política a Giles y no le permitirá postular a la Alcaldía de Huánuco. Quienes lo decidan serán los magistrados de la Sala: Jaime Gerónimo, Ernesto Diestro y Alberto Verger, que ayer escucharon los alegatos de defensa y acusación.
El abogado de Giles, Ramiro Surichaqui, repitió su argumento de que su defendido no firmó la Resolución n.° 1125-2012, que revoca la licencia de la empresa, pese a que 3 veces durante 4 años Giles reconoció en la fiscalía haber firmado la resolución. “Si no firmaba igual iba a ser denunciado por los padres de familia”, declaró Giles al fiscal.
Surichaqui repitió que la jueza no ordenó una pericia grafotécnica para determinar si la firma corresponde a Giles. Así cuestionó los argumentos de la sentencia contra su defendido.
La fiscal Rocío Mayta señaló que en el juicio se probó que Giles emitió y suscribió la resolución ordenando el cierre de la empresa. Prueba de la decisión arbitraria dijo fue la rapidez con la que se emitió la resolución y se ejecutó la clausura en 10 minutos el 19 de octubre de 2012.
La fiscal recordó que Leandro declaró ante la fiscalía que Giles firmó la resolución por ser titular de la institución y que se reunió con él en alcaldía. Revier Aquino, abogado de Leandro, señaló que su defendido emitió el informe n.° 637-2012 recomendando el cierre por las denuncias de estafa contra la empresa. El abogado de la MP-Hco. señaló que no hubo debido procedimiento en la revocatoria de la licencia porque antes debió notificarse al administrado.
Los jueces preguntaron a la fiscal si en el juicio se consideró la declaración de Giles que admite su firma y la fiscal señaló que no, lo que sería determinante en el fallo de la Sala. Pero en el juicio la jueza Mejía consideró la negativa de Giles como mero argumento para evadir su responsabilidad.
