La figura del congresista José Luna Gálvez, electo por Lima, se encuentra en el centro del debate político debido a su creciente actividad proselitista a nivel nacional y sus enredos judiciales. En un contexto político marcado por la fragmentación y la búsqueda de nuevos liderazgos, la anticipada campaña presidencial de Luna Gálvez genera controversia, especialmente por los cuestionamientos legales que enfrenta. El financiamiento de campañas y la transparencia en el origen de los fondos electorales son temas cruciales en la política peruana, y en este caso, adquieren una relevancia particular dada la situación judicial del congresista, destacando la necesidad de una fiscalización rigurosa.
Según la investigación publicada por El Comercio, a pesar de haber sido elegido por la capital, en los últimos meses, el congresista José Luna Gálvez, representante de Podemos Perú, ha intensificado sus recorridos políticos por diversas regiones del país. Aprovechando las autorizaciones judiciales que le permiten movilizarse, el parlamentario ha realizado viajes a ciudades como Tacna, Ayacucho, Pucallpa y Junín.
Precisamente fue en Junín donde Luna Gálvez oficializó su intención de postular a la presidencia de la República en las elecciones generales del 2026, durante una marcha que culminó en un mitin político. No obstante, su campaña electoral parece haber comenzado mucho antes, evidenciándose en la promoción de proyectos de ley, la participación en reuniones partidarias y sus constantes visitas a distintos distritos de Lima. Un ejemplo de esto es su participación en una actividad por el Día de la Madre, en la que se sortearon electrodomésticos, evento que fue promocionado por el mismo congresista en sus redes sociales.
Luna Gálvez ha buscado deliberadamente diversificar su base de apoyo político, extendiendo sus esfuerzos a diversos sectores, incluyendo comedores populares, pequeños empresarios, el sector salud y el sector vehicular. Adicionalmente, ha logrado establecer vínculos importantes con el sector minero. En línea con esto, el congresista ha mantenido reuniones con la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin). Durante el último año de su gestión, ha presentado al menos tres proyectos de ley que favorecen a la minería ilegal, generando críticas y controversia.
Además, a través de sus plataformas en redes sociales, ha promovido activamente cuestionamientos a las restricciones impuestas al Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), buscando que la minería ilegal y artesanal sean nuevamente consideradas dentro del proceso de formalización. Estas acciones han suscitado interrogantes sobre sus verdaderos intereses y su compromiso con la legalidad en el sector minero, en un país donde la minería ilegal causa graves daños ambientales y sociales.
Mientras Luna Gálvez busca proyectar una imagen favorable entre sus seguidores, su equipo de defensa legal trabaja arduamente para lograr que los procesos judiciales en su contra, que lo involucran en serios delitos, sean archivados o anulados. De acuerdo con documentos a los que accedió El Comercio, el pasado 11 de julio, José Luna Gálvez apeló una resolución judicial, buscando anular y excluir del proceso que se le sigue por el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, la declaración de dos aspirantes a colaboradores eficaces. Aunado a esto, el Ministerio Público ha señalado que Luna Gálvez buscaría que el caso regrese a su estado inicial para que se modifiquen las imputaciones por las que es procesado por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo específico, tráfico de influencias, patrocinio ilegal y enriquecimiento ilícito. El desenlace de estas acciones legales podría tener un impacto significativo en su futuro político y en su eventual candidatura presidencial.
