El congresista José Jerí presentó un proyecto de ley que permitiría al Poder Ejecutivo legislar directamente sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad por un periodo de 60 días. La solicitud fue dirigida al primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, con el pedido de que el trámite tenga el carácter de “muy urgente”.
De acuerdo con el documento oficial, la iniciativa también tiene como propósito “impulsar la economía responsable y el fortalecimiento institucional, en beneficio de la ciudadanía”. El texto establece la necesidad de reforzar el marco normativo vigente frente al incremento de delitos como extorsión, sicariato, secuestro, criminalidad organizada e infracciones informáticas.
El proyecto plantea que, durante los 60 días de vigencia, el Ejecutivo pueda emitir decretos legislativos en tres frentes: seguridad ciudadana, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional.
En el ámbito de seguridad, se contemplan 26 propuestas normativas. Entre las principales está la modificación del Código Penal para sancionar la tenencia compartida de armas de fuego, incluso si están inoperativas. También se establece que el Ministerio Público supervise la entrega de armas incautadas por la Policía Nacional a la Sucamec.
Otro punto clave es la reducción del plazo para destruir armas decomisadas: de tres a un año, con el fin de evitar que regresen al mercado negro.
La propuesta de Jerí también busca introducir el delito de difusión de información confidencial en investigaciones penales, lo que implicaría una inhabilitación especial para los condenados por esta práctica. Esto responde a los recientes cuestionamientos por filtraciones que obstaculizan las acciones del Ministerio Público y la Policía.
En cuanto a delitos patrimoniales, se modificarán las normas que regulan el uso criminal de vehículos siniestrados o el duplicado fraudulento de placas. Sobre el manejo de dispositivos, se plantea autorizar el acceso a celulares y equipos informáticos durante detenciones en flagrancia.
De forma específica, el Ejecutivo propone que se implemente un procedimiento rápido para deslacrar, extraer y analizar información de estos aparatos cuando se trate de casos de secuestro, sicariato, extorsión o hechos ocurridos dentro de penales.
El proyecto también aborda la situación migratoria. Se contempla modificar la Ley del Refugiado con el objetivo de evitar el uso indebido de esta figura por parte de extranjeros en situación irregular. De prosperar, el cambio impediría que esta condición sea usada para evadir responsabilidades legales o deportaciones.
El Ejecutivo busca que estas medidas se implementen de forma acelerada para frenar el auge de la delincuencia en zonas urbanas y penales, fortalecer la coordinación entre instituciones del sistema de justicia y garantizar mayor control sobre actores delictivos nacionales y extranjeros.
