La crisis diplomática entre Perú y México alcanzó su punto más alto. El presidente José Jerí ordenó la expulsión inmediata de la encargada de la embajada mexicana, Karla Tatiana Ornelas Loera, luego de que el Gobierno de México concediera asilo político a la ex primera ministra Betssy Chávez, acusada de rebelión y conspiración.
“¡Respeto a nuestra patria! La encargada de la embajada de México fue informada hoy por el canciller de que tiene un plazo perentorio para abandonar nuestro país”, publicó Jerí en sus redes oficiales, marcando el cierre abrupto de una relación diplomática ya desgastada.
Horas antes, el canciller Hugo de Zela había anunciado la ruptura formal de relaciones diplomáticas con el Gobierno de Claudia Sheinbaum, argumentando que el asilo otorgado a Chávez constituía “una grave violación al principio de no intervención”.
“El Perú no puede permitir que se ampare a quienes atentaron contra el orden constitucional”, declaró De Zela, recordando los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando el expresidente Pedro Castillo intentó cerrar el Congreso con apoyo de su entonces primera ministra.
Pese al quiebre político, el canciller aclaró que las oficinas consulares permanecerán operativas para garantizar la atención a ciudadanos peruanos en México y viceversa.
La decisión mexicana de acoger a Betssy Chávez en su embajada en Lima fue el detonante. La exministra enfrenta un proceso judicial por su participación en el fallido autogolpe de Castillo. La Fiscalía pide 25 años de prisión y su inhabilitación del servicio público.
En los últimos meses, Chávez faltó a audiencias clave, incluso presentando un certificado médico cuestionado por los jueces. Su abogado, Raúl Noblecilla, fue suspendido y expulsado del proceso por presentar documentos inconsistentes y adoptar una conducta dilatoria.
El tribunal ya había advertido que, de persistir las ausencias, la exministra podría ser declarada reo contumaz.
