El Defensor del Pueblo de Perú, José Gutiérrez, expresó su desacuerdo con el reciente decreto del Ejecutivo que acelera la deportación de extranjeros en situación irregular. Gutiérrez calificó la medida como “extrema e inflexible”, expresando preocupación por las miles de familias afectadas, especialmente aquellas que no han podido regularizar su estatus migratorio.
La norma, que permite la expulsión en 48 horas de migrantes irregulares y de aquellos implicados en delitos contra la seguridad y el orden público, ha sido criticada por su rigidez. Gutiérrez destacó que muchos migrantes no pudieron cumplir con los requisitos de regularización establecidos en mayo por el Gobierno de Dina Boluarte, debido a la incapacidad del Estado para atender a la gran demanda.
En los últimos seis meses, más de 214,000 solicitudes de Permiso Temporal de Permanencia (PTP) fueron presentadas, de las cuales el 94% corresponden a ciudadanos venezolanos. Sin embargo, con el vencimiento del plazo, aquellos en situación irregular quedan expuestos a la deportación.
El Defensor del Pueblo insistió en que los verdaderos delincuentes no se verán afectados por la norma y permanecerán en el país, mientras que muchos migrantes inocentes se ven obligados a migrar nuevamente. El decreto también contempla sanciones para las empresas de transporte que trasladen a extranjeros irregulares y para los servicios de hospedaje que no faciliten la verificación migratoria.
El Gobierno peruano, bajo la administración de Boluarte, ha manifestado su intención de asegurar la paz y la seguridad de los ciudadanos peruanos, haciendo cumplir estrictamente las leyes migratorias.
