El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, ha solicitado al Ministerio Público el archivo de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito en su contra, argumentando que se trata de una respuesta a ataques y hostigamientos derivados de su labor en el caso Lava Jato. Según Pérez, la denuncia presentada en noviembre de 2023 por Patricia Carolina Tubilla Casanova, a quien señala como militante aprista y vinculada al excongresista Jorge Del Castillo, responde a una instrumentalización del derecho penal en su contra.
A través de un informe de 59 páginas, Pérez ha pedido un plazo razonable para justificar su patrimonio y demostrar la licitud de sus ingresos. El fiscal asegura que las acusaciones de desbalance patrimonial, que incluyen la compra de un vehículo Volvo y dos propiedades, carecen de fundamento y están siendo investigadas de manera arbitraria. En su defensa, Pérez sostiene que ya había sido investigado por las mismas razones en 2013, en una denuncia que fue archivada, invocando el principio de ne bis in idem, que impide ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Asimismo, el fiscal ha solicitado que la Fiscalía tome en cuenta la información previamente reportada a la Contraloría General de la República y a la Junta Nacional de Justicia, que demostraría que todos sus ingresos y adquisiciones están debidamente justificados conforme a la normativa vigente.
Por otro lado, José Domingo Pérez ha criticado las pericias realizadas en el marco de la investigación, señalando incongruencias y fallas en el proceso. Alega que las pericias se enfocaron en un análisis patrimonial desproporcionado, abarcando el periodo entre 2011 y 2023, cuando la investigación debería haberse centrado en la adquisición del vehículo Volvo, considerado el núcleo de las acusaciones. Además, indicó que el proceso pericial coincidió con su participación en el juicio del caso Lava Jato, afectando su capacidad de defensa.
Finalmente, Pérez Gómez considera que las acciones en su contra forman parte de una estrategia de acoso judicial por parte de ciertos sectores, como una represalia por su rol en las investigaciones más importantes del país, como el caso de los Cócteles de Keiko Fujimori y otras vinculadas al caso Lava Jato.
