El fiscal José Domingo Pérez reapareció públicamente para responder a su reciente suspensión del equipo especial Lava Jato, una medida tomada por la Autoridad Nacional de Control (ANC) que ha generado controversia en el ámbito judicial y político. En un artículo publicado en el portal LP Derecho, titulado “Mi injusta separación del caso Lava Jato”, Pérez califica la decisión como desproporcionada, carente de sustento legal y sintomática de una regresión institucional.
El fiscal señala que su apartamento responde a presiones vinculadas a los intereses afectados por sus investigaciones. “Cuando el asunto afecta a gente poderosa, el capítulo uno del crimen organizado es destruir al fiscal que te investiga”, sostuvo, citando al fiscal europeo Ignacio Stampa.
Pérez fue separado por presuntamente haber incluido de forma indebida al abogado Arsenio Oré Guardia en el caso Cócteles. Sin embargo, él asegura que actuó conforme a instrucciones de su superior jerárquico mediante una disposición formal de 2019. Además, enfatiza que no hubo dolo ni intención de transgredir normas.
Otro punto crítico del pronunciamiento es su denuncia al sistema disciplinario actual. A diferencia del régimen anterior de la Fiscalía Suprema de Control Interno, la ANC permite que los fiscales provisionales impongan sanciones. En su caso, un fiscal adjunto superior de su mismo rango ordenó su separación, algo que considera una vulneración a la jerarquía institucional.
Pérez también alertó sobre las consecuencias personales de estas suspensiones, incluyendo la pérdida de salario, seguro y reputación, y advirtió que decisiones como esta debilitan el rol de los fiscales en investigaciones de alto nivel.
Su suspensión ocurre en un momento crucial de procesos como el caso Cócteles, las investigaciones a Susana Villarán y el caso Westfield, generando preocupación sobre el futuro de las principales causas anticorrupción en el país.
