El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, advirtió que el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó archivar el caso Cócteles —investigación por lavado de activos que involucraba a Keiko Fujimori— pone en riesgo la lucha anticorrupción y debilita al Estado frente al crimen organizado.
“Esta sentencia forma parte de un paquete de resoluciones que están afectando la forma en que el Estado combate el crimen. Lo que se está generando es impunidad”, señaló.
El magistrado, quien lideró la acusación fiscal contra la lideresa de Fuerza Popular, aseguró que el pronunciamiento del TC no solo favorece a Fujimori, sino que podría impactar en otros procesos emblemáticos como los de Ollanta Humala, Susana Villarán y dirigentes de partidos tradicionales.
Pérez Gómez advirtió que el fallo socava la autoridad del Poder Judicial y crea un precedente que podría anular años de trabajo fiscal en los casos Lava Jato y Odebrecht.
“No solo afecta a la Fiscalía, también al Poder Judicial, porque son los jueces quienes han emitido resoluciones en estos procesos. Habrá que analizar hasta dónde llegan los alcances de esta decisión”, remarcó.
El fiscal recordó que la empresa Odebrecht ya había admitido su culpabilidad ante las autoridades peruanas y que el TC ignora pruebas contundentes sobre el flujo de dinero ilícito hacia campañas políticas.
“Odebrecht fue declarada culpable por transferencias de dinero ilegal en el Perú. El TC sugiere que no se investigó a la empresa, y eso es falso. Ya asumió responsabilidad ante la justicia peruana”, afirmó.
Para Pérez, la decisión del Tribunal Constitucional no es jurídica, sino política. Recordó que en diversas ocasiones advirtió que la única vía para evitar que Fujimori enfrente a la justicia era a través de la justicia constitucional, no del Poder Judicial.
“La política ha terminado colonizando al Tribunal Constitucional. A través de él se le da un salvavidas a la señora Fujimori y se genera impunidad en varios casos que han dañado al país”, sostuvo.
“Lo que esta sentencia provoca es la institucionalización de la impunidad. Casos que simbolizaban el combate a la corrupción están siendo desmantelados por decisiones políticas disfrazadas de resoluciones constitucionales.”
