n reciente reportaje del semanario Hildebrandt en sus trece ha desatado una nueva controversia en el Congreso de la República. Según la publicación, Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitución, estaría implicado en la organización de reuniones privadas que incluían la contratación de mujeres a cambio de favores sexuales. Estas actividades habrían involucrado a altos funcionarios y trabajadores del Parlamento, además de contar con registros fotográficos y audiovisuales tomados por el propio Torres.
Reuniones y grabaciones en departamentos privados
De acuerdo con los testimonios recopilados por H13, Torres Saravia organizaba las reuniones en departamentos alquilados a través de plataformas como Airbnb, ubicados en zonas exclusivas de Barranco y San Isidro. Un testigo, bajo anonimato, detalló que las reuniones se realizaban en espacios como el edificio The Modern en Barranco, y otro en Dean Valdivia, San Isidro.
En mensajes compartidos en la investigación, se evidencia cómo Torres instruía a sus invitados a evitar identificarse en la recepción de los edificios: “Pese a que en la recepción del edificio se pedía mostrar el DNI, ‘Coqui’ nos decía que no mostráramos ninguna identificación”, relató uno de los testigos. Además, se revelaron conversaciones de WhatsApp donde se coordinaba la logística de estas reuniones.
“Al llegar por primera vez al edificio, será necesario identificarse con un documento de identidad/pasaporte e indicar el número de departamento en recepción. Para ingresar al departamento no se necesita llave. La puerta tiene una cerradura digital con clave”, se lee en una comunicación entre un gerente parlamentario y Torres Saravia.
Implicaciones políticas y redes de influencia
El reportaje también menciona que Jorge Torres Saravia mantenía conexiones cercanas con diversas figuras del ámbito político, incluido el líder de APP, César Acuña. Aunque Torres renunció a su cargo en el Congreso para postular al puesto de procurador del Legislativo, continuaba influyendo en decisiones internas. Según un testimonio presentado en el reportaje, Torres mantenía comunicación frecuente con José Rubio Preciado, quien asumió su posición tras su salida.
En una de las conversaciones reveladas, Torres Saravia menciona a Andrea Vidal Gómez, conocida como “la china”, cuya trágica muerte está vinculada a las investigaciones de una presunta red ilícita. “Amigo buen día. Hoy la china no irá, apóyame con eso, por favor, gracias”, escribió Torres en un mensaje a Rubio, quien respondió de manera cuestionable: “Ok, no la maltrates mucho”.
El caso de Isabel Cajo Salvador
Otra figura mencionada en el reportaje es Isabel Cajo Salvador, quien habría asistido a estas reuniones antes de ingresar a trabajar en el Congreso. Cajo Salvador, conocida por haber comercializado contenido en la plataforma OnlyFans hasta 2020, fue contratada inicialmente en el área de Administración de Bienes del Parlamento y, posteriormente, trasladada al equipo de Torres Saravia. Actualmente, labora con el congresista Edwin Martínez con un salario que supera los S/7.000.
Frente a los cuestionamientos, Martínez defendió su decisión de contratarla: “Yo no vivo de cuentos ni de habladurías. Algunos periodistas se olvidan de que son hijos de una mujer o que tienen hermanas mujeres. Para el cargo que yo necesito no se requiere siquiera ser bachiller”, expresó, minimizando las críticas.
Impacto y repercusiones del caso
La publicación de estas revelaciones ha generado una fuerte controversia en el ámbito político y social. Los presuntos actos irregulares atribuidos a Jorge Torres Saravia no solo exponen problemas de ética en el Congreso, sino también una red de influencias que podría involucrar a diversos actores.
Además, las imágenes y grabaciones presuntamente tomadas por Torres Saravia en las reuniones para adultos representan un elemento sensible, ya que podrían haber sido utilizadas como un mecanismo de presión o chantaje contra funcionarios participantes.
Llamados a la investigación
Organismos de control y la sociedad civil han exigido una investigación profunda y transparente para esclarecer estos hechos. Los presuntos actos denunciados no solo comprometen la integridad del Congreso, sino que también ponen en evidencia la falta de mecanismos eficaces para prevenir conductas inadecuadas dentro del ámbito parlamentario.
Por ahora, las revelaciones de Hildebrandt en sus trece se suman a una lista creciente de denuncias sobre posibles irregularidades en el manejo de personal y recursos dentro del Congreso de la República.
