El Congreso de Perú se encuentra en una encrucijada legal y política al debatir la posible destitución de los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), tras acusaciones de infracción constitucional. La controversia surgió cuando la magistrada Inés Tello, superando el límite de edad de 75 años establecido para los miembros de la JNJ, fue respaldada por una resolución de la Junta para continuar en su cargo hasta 2025. Este acto ha sido interpretado por algunos legisladores como una violación a la Constitución y ha desatado un intenso debate sobre la legalidad y la ética de mantener a Tello en su posición.
El congresista de Renovación Popular y autor del proyecto de ley para la remoción de los magistrados, argumenta que existe un consenso en el Congreso para avanzar con la destitución, citando el apoyo de diversos grupos parlamentarios. La propuesta ya ha superado un obstáculo significativo al ser aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que recomendó la inhabilitación de los miembros de la JNJ para ejercer cargos públicos por 10 años.
Este debate resalta el tenso equilibrio entre el respeto a la Constitución y los derechos de los funcionarios de edad avanzada a servir en el gobierno, un tema que Tello defendió apasionadamente, aludiendo a su capacidad y representación de peruanos mayores activos. La situación plantea interrogantes sobre la interpretación de la ley orgánica de la JNJ y la autonomía de los poderes del Estado, en un momento en que Perú busca fortalecer su democracia y el estado de derecho
