Un conflicto interno en el partido Ahora Nación volvió a quedar expuesto en Huánuco tras la difusión de un audio atribuido a una disputa entre militantes, en la antesala de una consulta interna para definir candidaturas regionales. El hecho incluye acusaciones por presuntos pedidos de dinero, denuncias de amenazas de muerte y cuestionamientos al manejo del proceso democrático interno.
En una extensa entrevista concedida a medios locales, Jhon Apolinario Sebastián, precandidato al Gobierno Regional de Huánuco por Ahora Nación, afirmó que el audio difundido no corresponde a una conversación suya y negó de manera reiterada haber solicitado entre S/ 50 mil y S/ 60 mil para financiar su campaña. Según indicó, la controversia se origina en una pugna interna desatada tras el ingreso de Robinson Aguirre como aspirante a una precandidatura, situación que, conforme manifestó, habría puesto en riesgo la postulación de Félix Asensio y generado una reacción hostil dentro del partido.
De acuerdo con Apolinario, el proyecto político regional se rige por lineamientos nacionales que promueven la participación abierta y la democracia interna, con más de 80 candidatos afiliados en las 11 provincias de Huánuco. El precandidato sostuvo que ningún militante ha pagado dinero para acceder a una candidatura y que las afiliaciones y convocatorias se han realizado sobre la base de compromisos políticos y organizativos, no económicos. Añadió que incluso se sancionó al secretario provincial por intentar cerrar el proceso a nuevos postulantes, decisión que, según dijo, fue adoptada por instancias nacionales del partido.
Amenazas, garantías y manejo legal del conflicto
Apollinario afirmó que desde agosto del año pasado ha recibido amenazas de muerte directas contra él y su familia, hecho que lo llevó a solicitar garantías personales ante la Prefectura de Huánuco. Según su versión, el trámite se prolongó por más de un mes y concluyó en septiembre con la emisión de una resolución que ordena el cese de agresiones y otorga protección formal. Indicó que la situación fue informada oportunamente a la dirigencia partidaria y que se mantuvo en reserva por razones de seguridad.
El precandidato señaló que estas amenazas limitaron su movilidad y actividades políticas, obligándolo a implementar protocolos de seguridad y a reducir su presencia territorial durante varios meses. También precisó que su equipo legal evalúa acciones judiciales por amenazas y presuntas difamaciones públicas, utilizando como respaldo grabaciones, documentos oficiales y el expediente tramitado ante la autoridad. Aclaró que no busca una venganza personal, pero sí la defensa de su integridad y la de su familia.
Financiamiento, visión política y acusaciones de desprestigio
En relación con el financiamiento de su campaña, Apolinario reiteró que se autofinancia y que recibe únicamente apoyos voluntarios sin compromisos, descartando cualquier forma de padrinazgo económico o compra de cupos. Invitó a verificar esta versión con los más de 80 candidatos del partido en la región y sostuvo que las denuncias sobre pagos forman parte de una campaña de desinformación orientada a dañar la credibilidad del proyecto.
El precandidato afirmó que su prioridad es la seguridad personal y familiar por encima de cualquier ambición política y que, de no existir condiciones mínimas de respeto, está dispuesto a no continuar con la postulación. No obstante, aseguró que respetará el resultado de la consulta interna y que, de no resultar elegido, apoyará al equipo técnico y al candidato que resulte ganador, conforme a los principios del partido.
Finalmente, Apolinario sostuvo que la filtración del audio y la exposición pública del conflicto buscan afectar su imagen a puertas del proceso interno. Según manifestó, el caso podría escalar a instancias nacionales del partido y a la vía judicial, mientras la dirigencia evalúa eventuales sanciones. En su intervención también hizo referencia a una visión de cambio estructural para la región, mencionando la necesidad de reformas profundas en la gestión pública y aludiendo a expedientes técnicos de gran envergadura, incluso superiores a los S/ 150 millones, como parte de una agenda regional que, según dijo, busca diferenciarse de prácticas tradicionales y de la “politiquería” que atribuye a otros espacios.
