En un hecho que profundiza la crisis institucional del sistema de justicia, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió mantener la suspensión preventiva de Delia Espinoza, negándose a cumplir la orden del Poder Judicial que disponía su reposición inmediata como fiscal de la Nación. La resolución, emitida este martes, prolonga la incertidumbre en el Ministerio Público, donde Tomás Gálvez continuará como titular interino mientras el caso sigue en disputa legal y política.
La decisión de la JNJ, formalizada mediante una resolución plenaria, argumenta que el fallo judicial “no alcanza” a todos los fundamentos de la sanción contra Espinoza. En otras palabras, el organismo reconoce la orden de anular una parte de la medida, pero mantiene vigente su suspensión bajo otros cargos.
“Se mantiene la medida cautelar de suspensión preventiva en el ejercicio del cargo (…) continuando el procedimiento disciplinario según su estado”, señala el documento de la JNJ, en aparente contradicción con el mandato judicial.
El fallo que ordenaba la restitución de Delia Espinoza —emitido la semana pasada por el Poder Judicial— fue categórico: debía dejarse sin efecto la suspensión que la apartó del cargo el 19 de septiembre. Sin embargo, la JNJ sostiene que no tiene competencia para restituirla como fiscal de la Nación, alegando que dicho nombramiento corresponde a la Junta de Fiscales Supremos.
Esta interpretación, sin embargo, ha sido calificada por especialistas y sectores del propio Ministerio Público como una maniobra dilatoria para no acatar el fallo judicial.
La contradicción se hace más evidente al recordar que, meses atrás, la misma JNJ intervino directamente para intentar restituir a Patricia Benavides, entonces suspendida, sin esperar a la Junta de Fiscales Supremos. El doble estándar ha generado críticas por presunta inconsistencia institucional y parcialidad política.
Desde la defensa legal de Delia Espinoza se envió una carta notarial exigiendo la entrega de todas las resoluciones, oficios y comunicaciones emitidas por la JNJ entre el 13 y el 21 de octubre, en el marco del cumplimiento de la orden judicial. La medida busca documentar los posibles incumplimientos del organismo y preparar una nueva acción legal por desacato.
Fuentes cercanas al entorno de Espinoza señalaron que la decisión de la JNJ constituye “una abierta desobediencia a la autoridad judicial” y una amenaza a la independencia del Poder Judicial frente a los organismos constitucionales autónomos.
Pese a la orden judicial, la JNJ no solo mantiene la suspensión de Espinoza, sino que reactivó las diligencias disciplinarias en su contra. Según el cronograma interno, en noviembre se realizarán nuevas declaraciones testimoniales, incluyendo citaciones tanto a Espinoza como a Patricia Benavides. La continuidad del proceso revela una intención de sostener el caso abierto, incluso cuando la medida cautelar ya debería haber cesado.
Previamente, la Comisión de Procesos Disciplinarios, presidida por María Teresa Cabrera, había solicitado a su propia procuraduría un informe sobre la “fecha y hora exacta” de la notificación judicial, un paso no previsto en el reglamento que sirvió para ganar tiempo y retrasar la ejecución del fallo.
