La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha reafirmado su postura respecto a la situación de Rafael Ruiz Hidalgo, desestimando el recurso de reconsideración que este interpuso tras la resolución inicial que declaró su vacancia como miembro titular del organismo. Esta decisión, formalizada a través de la Resolución Nº 172-2025-JNJ el pasado 8 de mayo, consolida la determinación del pleno de la JNJ y marca un hito en el escrutinio de la idoneidad de sus integrantes.
Según la investigación publicada por El Comercio, la resolución llega después de una exhaustiva evaluación del expediente presentado y tras la audiencia pública celebrada el 7 de mayo, donde Ruiz Hidalgo y su defensa tuvieron la oportunidad de presentar sus argumentos, al igual que la parte solicitante de la vacancia. El proceso subraya el compromiso de la JNJ con la transparencia y el debido proceso.
La vacancia de Ruiz Hidalgo se fundamenta en las causales establecidas en los literales g) y h) del artículo 18 de la Ley Orgánica de la JNJ (Ley Nº 30916), en concordancia con el literal d) del artículo 11 de la misma ley. Estas disposiciones normativas regulan la permanencia de los miembros de la JNJ, entidad clave en el sistema de justicia peruano, encargada del nombramiento, evaluación, ratificación y destitución de jueces y fiscales a nivel nacional.
La decisión de la JNJ se basa en la consideración de que Ruiz Hidalgo faltó a la verdad al no revelar una condena previa por el delito de prevaricato, un acto que compromete la integridad y la confianza depositada en los miembros de este organismo constitucional. La unanimidad en la votación del pleno de la JNJ refleja la gravedad de la falta y la necesidad de mantener altos estándares éticos dentro de la institución. La JNJ es clave en la lucha contra la corrupción judicial.
El caso se remonta al año 2010, cuando Ruiz Hidalgo, en ese entonces juez suplente del 13 Juzgado Laboral de Lima, fue sentenciado por prevaricato. La condena derivó de una orden de embargo que dictó sobre las cuentas de empresas vinculadas al Grupo Gloria, en el marco de una demanda laboral presentada por un supuesto extrabajador. Se comprobó judicialmente que estas empresas no guardaban relación alguna con la demanda, lo que configuró el delito de prevaricato. La condena incluyó un año de inhabilitación y el pago de una reparación civil de S/1.000.
Posteriormente, en 2013, la Sexta Sala Superior de Lima ratificó la sentencia en contra de Ruiz Hidalgo, y la Corte Suprema rechazó su recurso de queja, agotando así las instancias judiciales para revertir la condena. El artículo 11 del reglamento de la JNJ establece un impedimento claro para ser miembro de la institución a cualquier persona sentenciada por delito doloso, incluso si se ha rehabilitado o cumplido la condena. La transparencia y la veracidad en la información proporcionada por los miembros son condiciones sine qua non para mantener la legitimidad de la JNJ.
La resolución de la JNJ, firmada por su presidente, Gino Ríos Patio, instruye notificar al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, en su calidad de presidente de la Comisión Especial encargada de la selección de los miembros de la JNJ, para que se tomen las acciones legales correspondientes. La JNJ continúa garantizando la correcta administración de justicia y la defensa de la institucionalidad en el país. Se espera el pronunciamiento de la Defensoría en los próximos días.
