El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha confirmado la vacancia definitiva de César Arturo Fernández Bazán, exalcalde de Trujillo, quien no podrá regresar a la municipalidad de la ciudad. De esta forma, el actual alcalde encargado, Mario Reyna, permanecerá en el cargo hasta completar el periodo 2026. La decisión del JNE se basa en que Fernández cuenta con una sentencia por difamación agravada, un delito doloso que, según el inciso 6 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades, inhabilita a una persona para ejercer cargos públicos. Esta medida fue destacada en el análisis de Clara Giraldo para Infobae, resaltando cómo la normativa establece la importancia de la integridad legal en el ejercicio de cargos municipales.
La sentencia que definió el destino político de Fernández
El pronunciamiento del JNE responde a la apelación presentada por el abogado trujillano Carlos Calderón, quien argumentó que la vacancia de Fernández era procedente al no haberse rehabilitado de su sentencia. En su recurso, Calderón invocó la resolución 60-2024, que anulaba una resolución previa que intentaba rehabilitar a Fernández tras la condena. En esta resolución, el JNE declara fundada la apelación y establece la imposibilidad de apelar la vacancia, quedando en firme que Fernández no puede regresar a la administración pública.
El exalcalde trujillano fue sentenciado a un año de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de 25 mil soles en favor de la teniente de la Policía Nacional del Perú (PNP), Nataly Rojas Rojas, a quien difamó públicamente. Fernández intentó revertir este fallo judicial, pero la Sala Suprema Penal Permanente rechazó su recurso de queja, lo que ratificó su condena original y selló su salida definitiva de la alcaldía.
Un historial de conflictos judiciales y conductas polémicas
César Arturo Fernández Bazán ha protagonizado diversas controversias antes y durante su tiempo como alcalde. Su historial incluye enfrentamientos judiciales, conductas disruptivas en audiencias y varias acusaciones públicas que han afectado su imagen como autoridad. La solicitud de vacancia de Fernández se remonta a una serie de incidentes iniciados en 2021, cuando se desempeñaba como alcalde de Moche. En ese entonces, Fernández fue arrestado por oponerse públicamente a la campaña de vacunación contra el covid-19, lo que generó un fuerte altercado con la teniente Nataly Rojas, quien posteriormente lo denunció por difamación. La situación escaló a tal punto que Fernández fue declarado “reo contumaz” por no presentarse a una audiencia judicial.
En otro episodio, Fernández abandonó abruptamente una sesión virtual en la que debía responder a una querella interpuesta por Ricardo Morales Gamarra, exdirector del Proyecto Huacas de Moche, y ha protagonizado situaciones similares en diversas audiencias judiciales, lo que motivó críticas sobre su conducta en el ejercicio de sus funciones. Estos antecedentes reforzaron el argumento de la vacancia por parte del JNE, que resaltó la importancia de mantener un estándar de integridad para los funcionarios públicos.
Consecuencias de la vacancia: Mario Reyna asume la alcaldía hasta 2026
Con esta decisión, Mario Reyna, quien había asumido el cargo como alcalde encargado, se mantiene oficialmente al frente de la municipalidad de Trujillo. La resolución del JNE deja sin posibilidad de apelación la vacancia de Fernández, por lo que Reyna quedará como alcalde hasta la conclusión del actual periodo edil. Este cambio en la administración representa un giro para la gestión de Trujillo, luego de un periodo de tensiones y polémicas en el que Fernández, desde el inicio de su mandato, se destacó por su estilo confrontativo y sus constantes disputas con periodistas y sectores de la sociedad civil.
Durante su gestión, Fernández fue criticado en múltiples ocasiones por su trato hacia la prensa y, particularmente, por su actitud despectiva hacia mujeres periodistas. Diversas organizaciones de derechos y de defensa de la libertad de prensa cuestionaron sus acciones, al considerar que atentaban contra el respeto y la integridad de las comunicadoras. Estos incidentes, sumados a sus problemas legales, llevaron a un deterioro de su relación con el Concejo Municipal y los habitantes de Trujillo, quienes han manifestado su descontento ante su comportamiento.
Reacciones y opiniones sobre la medida del JNE
La confirmación de la vacancia de Fernández ha generado diversas reacciones en Trujillo y a nivel nacional. Mientras que algunos sectores ven la decisión como un paso necesario para garantizar la transparencia y el respeto a la legalidad en la administración pública, otros han cuestionado los procesos que llevaron a la vacancia, argumentando que la situación pudo haberse abordado de otra manera. Sin embargo, la normativa es clara en cuanto a la imposibilidad de ejercer cargos públicos si se cuenta con una condena por delito doloso, lo que permite ver esta medida como un recordatorio sobre la responsabilidad y las obligaciones legales de quienes ocupan funciones de autoridad.
La situación también genera un debate sobre la efectividad de los mecanismos de control en el sistema municipal peruano, donde no es inusual que figuras polémicas y con antecedentes judiciales lleguen a ocupar cargos de poder. En este contexto, la decisión del JNE es vista como un mensaje sobre la importancia de la probidad en el ámbito público, ya que, aunque Fernández intentó apelar y revertir la decisión en distintas instancias, los argumentos legales prevalecieron.
Un mensaje de integridad para la administración pública
Este caso subraya la importancia de mantener altos estándares de conducta y cumplimiento legal para quienes ocupan cargos públicos en el Perú. La Ley Orgánica de Municipalidades establece como causal de vacancia la existencia de una sentencia por delito doloso, como en el caso de Fernández, lo que refleja una política de cero tolerancia hacia figuras que comprometan la integridad de la administración pública. Desde esta perspectiva, la confirmación de la vacancia de Fernández refuerza el principio de que quienes representen a la ciudadanía deben actuar dentro de un marco de respeto, transparencia y cumplimiento legal.
Para Mario Reyna, el nuevo alcalde de Trujillo, esta situación representa una oportunidad para reorientar la gestión en la “Ciudad de la Eterna Primavera” y recuperar la confianza de la ciudadanía. La estabilidad y continuidad de los proyectos municipales, así como la restauración de una relación respetuosa y productiva con la sociedad civil, serán claves para el éxito de su administración, especialmente tras un periodo marcado por el estilo conflictivo de Fernández.
