En medio del aumento de la criminalidad que golpea con fuerza al transporte público en Lima y Callao, el presidente José Jerí volvió a pronunciarse sobre la crisis de extorsiones y asesinatos de choferes, pero lo hizo sin anunciar medidas nuevas ni asumir responsabilidades políticas directas. Consultado por el posible paro de transportistas, Jerí afirmó que los delincuentes estarían actuando “de forma sincronizada” con la intención de “desestabilizar” a su administración.
“Lamentablemente, hay oportunidades en que los delincuentes actúan, parece que en forma sincronizada, con el afán de desestabilizar”, dijo durante su visita a Ica, en referencia al clima de tensión que crece en las calles y que podría desencadenar una paralización en los próximos días.
El mandatario sostuvo que su Gobierno mantiene un canal permanente de coordinación con los gremios del transporte y que las acciones contra la delincuencia ya se vienen trabajando desde hace varios meses a través del Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Según señaló, las estrategias que se discuten hoy serían las mismas que están sobre la mesa desde hace “tres o cuatro meses”, como parte de reuniones sostenidas con anticipación para evitar escenarios de protesta.
Jerí intentó transmitir cercanía con los transportistas, alegando que comprende la preocupación del sector y que el Ejecutivo tiene compromiso no solo con los conductores, sino con todos los sectores del país afectados por la inseguridad. Sin embargo, sus declaraciones chocaron con la respuesta inmediata de dirigentes gremiales, que niegan cualquier acercamiento real y acusan al Gobierno de ignorar el reclamo central: la derogación de normas que, según ellos, favorecen el crimen organizado.
Rechazan versión
Las palabras de Jerí fueron rápidamente refutadas por Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, quien aseguró que el Ejecutivo no mantiene comunicación con su sector y que no existe coordinación real desde hace más de un año. Para el dirigente, el presidente intenta proyectar una imagen de diálogo que, en la práctica, no ocurre.
“Nosotros hemos pedido exactamente que se derogue las leyes procrimen, si no se deroga nosotros no nos vamos a sentar. El Ejecutivo tiene que tener voluntad política y el presidente tener liderazgo para pedirle al Legislativo”, sostuvo Campos, marcando la principal exigencia del gremio.
Además, reveló que el cobro de cupos por parte de bandas criminales se instaló con fuerza desde el 2024, cuando se registraban tarifas de S/ 5, S/ 8 y S/ 10. Asegura que en el 2025 el monto se duplicó y, ahora en el inicio de 2026, las organizaciones delictivas pretenden triplicar el pago, elevando la presión sobre empresas y conductores.
Campos alertó que ya no se trata de un solo grupo extorsionador, sino de varios operando simultáneamente. “Ya no se paga a una organización, sino a tres organizaciones (…) se paga 10, 20 y 30 soles”, afirmó, detallando un patrón que evidencia expansión criminal y pérdida de control territorial.
El dirigente también cuestionó la efectividad del estado de emergencia declarado en Lima, señalando que no se ha traducido en reducción de asesinatos. Por el contrario, denunció que las muertes continúan y que algunos sectores del gremio que sí intentaron reunirse con autoridades solo obtuvieron evasivas. “Hay más muertes… y solo hay burlas”, remarcó.
Extorsión se intensifica
Desde otro frente del transporte, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transportes, advirtió que las extorsiones se han recrudecido especialmente en las últimas dos semanas. Según explicó, el gremio evalúa convocar a una reunión urgente para definir acciones, ante el temor de que los ataques continúen escalando.
Ojeda precisó que las amenazas apuntan directamente al incremento del pago diario que exigen los criminales. “Los señores infames han subido o pretenden subir de S/10 a 30”, indicó, mostrando el nivel de presión y riesgo que viven los choferes en rutas urbanas.
Este escenario alimenta nuevamente la posibilidad de un paro, no solo como protesta, sino como un intento desesperado de llamar la atención pública y estatal frente a una crisis que, según los gremios, ya no se controla con discursos ni con estados de emergencia simbólicos.
Mientras el Gobierno insiste en que hay coordinación, los transportistas denuncian abandono y ausencia de liderazgo político. En el fondo, el conflicto se agrava porque el crimen organizado no solo impone miedo, sino también una “economía ilegal” que se cobra diariamente en las calles. Y, en medio de ese choque de versiones, miles de ciudadanos quedan atrapados entre el temor, la inseguridad y la amenaza de una paralización masiva.
