El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró inadmisible la tacha presentada contra Mario Vizcarra, candidato presidencial del Partido Político Perú Primero, debido a un incumplimiento formal clave: el ciudadano que interpuso el recurso no adjuntó el comprobante de pago de la tasa electoral obligatoria establecida por la normativa vigente.
La decisión fue oficializada mediante la Resolución N.° 08856-2025-JEE-LIC1/JNE, emitida este 29 de diciembre, dentro del marco del cronograma electoral rumbo a las Elecciones Generales 2026. El organismo electoral precisó que la omisión detectada es considerada subsanable, por lo que otorgó un plazo máximo de un día hábil para que el recurrente cumpla con el requisito pendiente.
En su pronunciamiento, el JEE dejó en claro que la tacha sí fue presentada dentro del plazo legal, pero al incumplir una exigencia formal indispensable, no puede ser evaluada en el fondo de manera inmediata. En consecuencia, el recurso queda suspendido temporalmente hasta que se regularice el pago correspondiente.
El órgano electoral advirtió que, si no se subsana la omisión en el plazo otorgado, la tacha será declarada improcedente, lo que cerraría la vía formal del cuestionamiento dentro de esta etapa del proceso. Este procedimiento, según fuentes electorales, busca asegurar el cumplimiento estricto de las reglas y evitar que se tramite documentación incompleta que pueda afectar la transparencia del cronograma.
De acuerdo con la resolución, el JEE concedió un tiempo breve y excepcionalmente preciso: un día hábil para que el ciudadano recurrente regularice el pago. Se trata, en términos prácticos, de una “última oportunidad” antes de que la autoridad electoral determine que la tacha no puede avanzar.
Esta medida se enmarca en el principio del debido proceso electoral: no se rechaza automáticamente un escrito por un error corregible, pero sí se exige que se cumplan todas las formalidades dentro de los tiempos fijados. En ese sentido, la inadmisibilidad funciona como una advertencia formal y procedimental.
El caso adquiere relevancia porque involucra a una candidatura presidencial en medio de un contexto político marcado por el aumento de acciones ciudadanas y recursos legales que intentan impedir postulaciones en el camino hacia el 2026. Además, en la práctica electoral, el pago de la tasa no es un detalle menor: es el requisito que activa la validez formal del procedimiento.
