El alcalde provincial de Huánuco, Antonio “Toño” Jara, aseguró que la Municipalidad Provincial acatará sin objeciones el fallo que emita el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respecto al pedido de vacancia presentado contra los 13 regidores del Concejo Provincial, acusados de presuntamente haber realizado funciones que corresponderían únicamente al alcalde.
En declaraciones públicas, Jara dejó en claro que su gestión se mantendrá a la espera de la resolución definitiva y que respetarán la decisión de la máxima autoridad electoral, aun cuando el proceso podría derivar en un escenario extremo: la vacancia de todo el Concejo Municipal.
“Lo único que les puedo decir es que estamos esperando el voto y el fallo del Jurado Nacional de Elecciones. Y en ese sentido nosotros seremos respetuosos de lo que decida el Jurado”, declaró el burgomaestre.
Jara subrayó que, si la apelación es declarada fundada, la municipalidad no tendrá margen de maniobra, pues se trata de un mandato obligatorio.
“Si a mí me llega una resolución declarando fundado la apelación tendríamos que ejecutar porque es un mandato”, agregó. La postura del alcalde refleja un intento de transmitir calma en medio de una controversia política que mantiene en incertidumbre al gobierno municipal y que podría alterar el cierre de la actual gestión edil.
Como se sabe, el último lunes el Jurado Nacional de Elecciones llevó a cabo la audiencia del Expediente N.° 9063-2025, referido a la apelación presentada por los ciudadanos Limber Rodríguez Jara y Julián Ponce Coronel, quienes buscan que se revoque el acuerdo de concejo que rechazó inicialmente la solicitud de vacancia.
Hasta el momento, el colegiado dejó el caso al voto, quedando pendiente una resolución definitiva, tal como se anunció durante la audiencia virtual.
La controversia gira en torno a un acuerdo municipal que autorizaba la contratación directa de un inmueble perteneciente a la Beneficencia Pública, decisión que —según los apelantes— habría constituido un acto administrativo que no correspondía a los regidores, sino al alcalde.
El pedido de vacancia fue impulsado por el activista Limber Rodríguez, quien sostiene que los regidores habrían incurrido en una causal al aprobar por unanimidad un acuerdo de concejo que autorizaba la contratación directa de un inmueble de la Beneficencia.
Según el argumento del solicitante, esta acción habría sido impropia porque la contratación directa sería un acto administrativo y ejecutivo, y por tanto no debería ser aprobado por regidores, quienes tendrían como función principal fiscalizar y no ejecutar decisiones de contratación.
En ese contexto, el proceso escaló hasta el Jurado Nacional de Elecciones, instancia que ahora debe determinar si existió o no una infracción que amerite la vacancia colectiva.
Frente a las acusaciones, el alcalde Antonio Jara consideró que la denuncia carece de sustento jurídico, principalmente porque —según afirmó— la contratación nunca se concretó y no se materializó la ejecución del alquiler del inmueble.
El burgomaestre señaló que existiría documentación que demostraría que el acuerdo aprobado no derivó en una contratación efectiva. “No tiene ningún asidero legal porque nunca se materializó”, sostuvo.
Además, reforzó su argumento mencionando que incluso desde la propia Beneficencia se habría reconocido que el proceso no llegó a concretarse. “Ahí está el mismo presidente de la Beneficencia que dice que nunca se ha materializado esa ejecución. Nosotros como municipalidad ¿qué podríamos influir ni decir sobre algo que no se ha podido concretar ni ejecutar?”, manifestó.
Con estas declaraciones, Jara intenta posicionar la defensa desde el lado de la inexistencia de un acto consumado, lo cual —a su criterio— debilitaría el fundamento del pedido de vacancia
Otro punto abordado por el alcalde fue el tema de la defensa legal de los regidores. Jara precisó que la municipalidad no ha destinado recursos públicos para financiar abogados ni gastos de defensa, dejando en claro que ese aspecto fue asumido individualmente por cada concejal.
“La municipalidad no ha hecho ningún gasto para defender a ningún regidor. Eso es facultativo de cada uno”, afirmó.
Cabe señalar que los regidores optaron por contratar a un solo abogado al tratarse de un mismo proceso legal. El encargado de su defensa es Julio César Silva Meneses.
Este punto cobra relevancia debido a que, en casos de alto impacto político, suele cuestionarse el uso de fondos públicos para fines legales personales o institucionales.
