En cumplimiento de un acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, anunció la conformación de una Comisión Especial destinada a evaluar y proponer reformas a leyes en materia penal impulsadas por el Congreso. Según informó César Romero para La República, esta comisión estará integrada por destacados jueces supremos y expresidentes del Poder Judicial, incluyendo a César San Martín, Víctor Prado y Elvia Barrios.
Una comisión para afrontar los retos judiciales
La comisión, presidida por la misma Tello Gilardi, tiene como objetivo principal analizar las normativas que afectan el sistema penal. La alta carga procesal y la lentitud de los juicios penales son aspectos que preocupan profundamente a la presidenta del Poder Judicial, quien subrayó la necesidad de identificar “los nudos y trabas legales” que dificultan el avance de los casos, especialmente los complejos.
“Es necesario hacer una revisión del Código Procesal Penal para identificar las trabas legales, muchas veces causadas por el accionar de las partes, que impiden avanzar con celeridad los procesos judiciales”, explicó Tello Gilardi.
Reformas necesarias y un debate amplio
La presidenta destacó la importancia de realizar un debate amplio y consensuado con diversos actores del sistema de justicia, entre ellos los colegios de abogados, la academia y otros poderes del Estado. “Toda propuesta de reforma legal requiere la intervención y participación de jueces y juezas”, enfatizó.
En su mensaje a la Nación por el inicio del año judicial, Tello Gilardi también anunció la creación de una Comisión de Análisis de la Aplicación de la Pena Justa, que se encargará de evaluar la coherencia y proporcionalidad en las sentencias dictadas.
“Desde la Sala Plena de la Corte Suprema emitimos hace algunos días un pronunciamiento anunciando la creación de una comisión que analizará las leyes promulgadas por los otros poderes para tomar las acciones que correspondan”, añadió.
Leyes bajo análisis y críticas del Poder Judicial
La Sala Plena de la Corte Suprema ha manifestado su preocupación por diversas leyes recientes impulsadas por el Congreso, señalando que algunas afectan negativamente la persecución del delito y la seguridad ciudadana. Entre estas destacan:
- Ley 32130: Otorga a la Policía Nacional del Perú la conducción de la investigación preliminar, en contra del artículo 159 de la Constitución, que asigna esta función al Ministerio Público.
- Leyes 32108 y 32138 sobre crimen organizado: Reducen la capacidad de persecución penal efectiva.
- Ley 32181: Eliminó la detención preliminar en casos de no flagrancia. Aunque el Congreso aprobó su restitución, el Ejecutivo aún no la promulga.
- Ley 32182: Busca sancionar disciplinaria y penalmente a fiscales y jueces por liberar a personas detenidas en flagrancia, lo que podría afectar la independencia judicial.
“Las decisiones de un juez no pueden estar sujetas a control disciplinario o penal, pues esto afecta su independencia. Solo puede sancionarse la falta de motivación en una resolución, el prevaricato o actos de corrupción”, señalaron los magistrados en su pronunciamiento.
El Congreso y la reforma judicial
El Congreso también ha propuesto crear una comisión parlamentaria para reformar todo el sistema de justicia en un plazo de 90 días, sin la participación de jueces ni fiscales. Esta decisión ha sido duramente criticada por el Poder Judicial.
“La transformación de la justicia no puede hacerse a espaldas o contra los jueces y fiscales. Toda la sociedad está interesada en mejorar el servicio de justicia, y los jueces somos parte de la solución, no exclusivamente del problema”, argumentaron los magistrados.
Propuestas y el camino hacia un sistema más eficiente
La comisión liderada por Janet Tello tendrá como tarea fundamental analizar estas leyes y proponer modificaciones que permitan un mejor funcionamiento del sistema judicial. Este esfuerzo busca garantizar el respeto a los principios de separación de poderes y a la independencia judicial, pilares esenciales de un Estado democrático.
“Defender las competencias, los principios de separación de poderes y la independencia judicial es esencial para el fortalecimiento del Estado de derecho”, concluyó Tello Gilardi.
