La controversia por la soberanía de la isla Santa Rosa, en plena triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, escaló de incidente técnico a crisis política en cuestión de días. Desde Leticia, Gustavo Petro leyó una declaración en la que sostuvo que Colombia no reconoce la soberanía peruana sobre la “denominada isla de Santa Rosa” ni a las “autoridades de facto impuestas” en el área, y alegó que el Perú habría violado el espíritu del tratado al crear el distrito de Santa Rosa por ley nacional, sin concertación binacional previa. La respuesta en Lima fue inmediata: presencia estatal en la isla, nota de protesta y el llamado a una comisión mixta de alto nivel para inspección e intercambio técnico-legal. La frase que reconfiguró el tablero fue la admisión de una salida institucional: Colombia “recibe con beneplácito” la invitación a esa comisión, fechada para septiembre en Lima, aunque sin ceder en su postura de fondo.
En ese contexto, la senadora colombiana María Fernanda Cabal arremetió con dureza: “Lo que está haciendo Gustavo Petro es una provocación”, acusándolo de levantar una cortina de humo para sus problemas internos y de apelar al nacionalismo para aglutinar bases en la frontera amazónica. Para Cabal, la disputa no solo distrae: alimenta una tensión que golpea la gobernabilidad y el clima binacional, con el riesgo de que la retórica supere a los canales diplomáticos. Al mismo tiempo, la excomandancia peruana y voces especializadas recuerdan que el marco de límites entre ambos países se sustenta principalmente en el Tratado Salomón-Lozano (1922) y el Protocolo de Río (1934), piedra angular de un siglo de estabilidad en el eje Putumayo–Amazonas.
¿Qué está en juego? Derecho fluvial, geografía cambiante y acceso de Leticia al río
Más allá de los titulares, el corazón del diferendo está en tres capas: el derecho, la dinámica del río y la logística regional. En lo jurídico, Colombia argumenta que la aparición de islas posteriores a los acuerdos debe asignarse por mutuo acuerdo, por lo que la decisión peruana de crear un distrito en Santa Rosa sería unilateral; Perú, por su lado, sostiene que ejerce soberanía efectiva y continua sobre la isla y que el andamiaje de tratados respalda esa jurisdicción, sin vacíos legales ni ambigüedades, enfatizando la presencia institucional, el control fluvial y la seguridad ciudadana en un punto estratégico de la cuenca.
La segunda capa es la geografía viva del Amazonas. El cauce se desplaza, aparecen y desaparecen barras e islas, y esa plasticidad natural impacta el acceso colombiano desde Leticia. Petro lo colocó en primer plano: el río “ha cambiado” y, en su lectura, Perú habría “violado” el tratado al fijar una capital distrital en terreno que debería ser objeto de asignación binacional; a su vez, analistas recuerdan que la isla Santa Rosa no figuraba cuando se firmaron los instrumentos de hace un siglo, justo porque no existía como tal, de allí que los mecanismos de solución pacífica previstos en el Protocolo mantengan vigencia para dirimir asignaciones posteriores.
La tercera capa es logística y humana. Santa Rosa sirve de punto de control y tránsito en un corredor de intensa interacción con Leticia y Tabatinga: comercio minorista, flujo de personas, control sanitario y tareas de seguridad. Además, sostiene la conectividad peruana en la cuenca, con impactos directos sobre abastecimiento, vigilancia ambiental y lucha contra economías ilegales, un triángulo donde la coordinación trinacional suele ser la diferencia entre orden y anomia.
El tablero político: nacionalismos, elecciones y diplomacia a contrarreloj
Cabal añade combustible político: acusa a Petro de usar la frontera para cohesionar a su base y desviar el foco de escándalos domésticos. Desde la otra orilla, la narrativa oficial colombiana reivindica soberanía, acusa a Lima de unilateralidad y dramatiza un riesgo existencial: que Leticia pierda su acceso natural al Amazonas, piedra basal del “trapecio amazónico” reconocido hace un siglo. El movimiento de Petro de llevar la conmemoración del 7 de agosto a Leticia —gesto simbólico de alto voltaje— reforzó la lectura de un giro nacionalista con aromas de campaña, mientras en simultáneo autoridades peruanas pisaban Santa Rosa para afirmar presencia y enviar el mensaje de que el Estado está en la isla y seguirá estándolo.
En medio de la pirotecnia, se perfila una salida: la comisión técnica binacional. Allí se jugará lo esencial: cartografía histórica y actualizada, series hidrológicas, demarcación sobre el terreno y, sobre todo, la lectura compatible de los artículos del Protocolo de Río que regulan la aparición de nuevas formaciones fluviales. Si ese cauce institucional prospera, puede descomprimir tensiones y establecer parámetros operativos —señalética, patrullaje coordinado, registro de embarcaciones, protocolos de libre navegación— que den certezas a las poblaciones locales sin forzar a las cancillerías a renunciar a sus posiciones jurídicas de fondo.
¿Qué viene ahora? Tres claves para bajar la temperatura en la frontera
* Puentes técnicos inmediatos. Intercambio de información hidromorfológica y misiones conjuntas para medir línea de thalweg, variaciones estacionales y efectos sobre accesos portuarios. Los datos son el antídoto del maximalismo retórico.
* Gestión trinacional en terreno. Leticia–Tabatinga–Santa Rosa comparten problemas: ilícitos fluviales, presión ambiental y servicios básicos. Mecanismos operativos de reacción rápida —con reglas claras— pueden minimizar roces mientras avanza la discusión de fondo.
* Mensajes públicos responsables. La frontera escucha. Bajar el tono y encuadrar el debate en los tratados robustos que ambas partes reconocen reduce el costo político de cualquier acuerdo futuro y protege a las comunidades del péndulo mediático.
En síntesis: Santa Rosa es menos una isla y más un prisma. Según desde dónde se mire, refleja derecho internacional, geografía en movimiento o necesidades de Estado en la Amazonía. La política encendió la mecha; la diplomacia —si se sostiene— debería apagarla con mapas, actas y coordinación real en la triple frontera.
