La creciente preocupación por la soberanía nacional sobre las islas del río que marca el extremo norte de la Amazonía peruana ha reabierto un debate de fondo que, hasta ahora, parece eludido por las autoridades competentes. En específico, la isla Santa Clara, ubicada en la frontera con Brasil y frente a la ciudad colombiana de Leticia, ha sido señalada por actores diplomáticos, políticos y ciudadanos como un punto sensible ante recientes declaraciones del gobierno colombiano, que han sido interpretadas como una intención de apropiación o aprovechamiento unilateral de los recursos naturales de esa zona.
No se trata de un conflicto en ciernes ni de una disputa armada. Las fronteras están trazadas, firmadas y reconocidas en el plano internacional. Sin embargo, lo que se percibe es una actitud ambigua por parte de algunos gobiernos vecinos al manifestar interés sobre espacios insulares ubicados en áreas que, desde el lado peruano, no generan dudas sobre su pertenencia. La isla Santa Clara no es una simple extensión de tierra fluvial: posee alto valor ambiental, es refugio de especies hidrobiológicas y tiene un potencial productivo en frutales amazónicos que ha sido destacado desde hace décadas por científicos, pescadores y agricultores de Loreto.
Lo que agrava la situación no es únicamente la postura colombiana, sino el silencio institucional de sectores que, por mandato o vocación, deberían ya haberse pronunciado. Resulta llamativo que, frente a una coyuntura que toca directamente los intereses de la Amazonía peruana, la Macroeconómica Amazónica no haya emitido ningún comunicado oficial ni adoptado una posición firme. Estel rol de esta entidad no puede reducirse a mesas protocolares, brindis y música folclórica: está llamada a ser un bloque de defensa activa de los intereses estratégicos de la región más vasta y biodiversa del país.
La soberanía territorial no se defiende únicamente desde los ministerios de Relaciones Exteriores o Defensa. También se afirma desde el respeto y uso de los recursos naturales por parte de sus habitantes, desde la ocupación efectiva de espacios y desde la vigilancia constante sobre cualquier intento, por más diplomático que parezca, de debilitar la presencia peruana en zonas de frontera.
El momento exige firmeza y claridad. Así como gobiernos y organismos internacionales observan la Amazonía con creciente interés por su riqueza ecológica, también se hace urgente que los propios peruanos —autoridades, instituciones y ciudadanía— redoblen su compromiso con la defensa de cada centímetro del territorio, incluido el fluvial. Porque la soberanía no solo se firma: se ejerce.
