Acusan a presidente de la Comisión Organizadora de abuso de autoridad, usurpación de funciones y manejo irregular de contratos
Una serie de denuncias han sacudido la administración de la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles (UNDAR). Edwin Figueroa Ferrer, jefe de Recursos Humanos de la institución, ha elevado una queja formal ante el Ministerio de Educación (MINEDU) y la Fiscalía, señalando que el presidente de la Comisión Organizadora, Benjamín Velasco Reyes, ha incurrido en abuso de autoridad, usurpación de funciones y manejo irregular de contrataciones en la casa de estudios.
Según la denuncia, Velasco Reyes habría firmado nueve contratos de personal bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) sin contar con la facultad legal para hacerlo. Esta acción, de acuerdo con el expediente 045-2025-FPH, constituiría una grave vulneración del marco normativo, lo que podría derivar en sanciones administrativas e incluso penales.
Revocación de funciones y usurpación de autoridad
Uno de los puntos más controversiales del caso es la presunta usurpación de funciones por parte de Velasco Reyes. Figueroa Ferrer sostiene que, mediante una resolución administrativa, el presidente de la Comisión Organizadora le retiró atribuciones clave a la jefatura de Recursos Humanos, lo que contraviene el Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. Este decreto establece que la gestión de contratos y nombramientos del personal es responsabilidad exclusiva de la oficina de Recursos Humanos, no de la presidencia de la Comisión Organizadora.
La situación llevó a Figueroa a presentar una consulta formal ante el Ministerio de Educación, el cual, mediante el Oficio N° 00967-2024-MINEDU/VMGP-DIGESU, determinó que una resolución administrativa no puede modificar una norma reglamentaria. En otras palabras, el MINEDU confirmó que la decisión de Velasco Reyes de asumir el control sobre los contratos y despidos del personal no tiene sustento legal.
“Una ley solo puede ser derogada por otra ley”, señala el documento oficial del MINEDU, invalidando de facto la resolución de la Comisión Organizadora.
Contratos firmados sin facultad legal
El expediente 045-2025-FPH de la Fiscalía detalla que Velasco Reyes habría firmado nueve contratos CAS (001-2024 a 009-2024) sin contar con la facultad para ello. Estos contratos, al no haber sido gestionados por la unidad de Recursos Humanos, podrían ser declarados nulos.
Las normas peruanas establecen que el único órgano con potestad para contratar personal en el sector público es el área de Recursos Humanos de cada institución. Sin embargo, según la denuncia, Velasco Reyes asumió esta responsabilidad de manera arbitraria, lo que constituye una infracción grave.
La Fiscalía ha iniciado una investigación preliminar para determinar si estas acciones configuran un delito de usurpación de funciones y abuso de autoridad.
Despidos arbitrarios y resistencia a órdenes judiciales
Otro aspecto preocupante es la decisión de la Comisión Organizadora de despedir arbitrariamente a cinco trabajadores de la universidad sin justificación válida. Tres de estos empleados lograron reincorporarse mediante medidas cautelares emitidas por el Poder Judicial, pero según Figueroa, la administración universitaria ha dificultado su reintegración.
Uno de los puntos más polémicos es que el presidente de la Comisión Organizadora se ha negado a firmar los documentos que garantizan la reincorporación de estos trabajadores. En su lugar, delegó esta función a un administrador de confianza, Walter Mendoza Jaime, quien no tiene competencia para firmar contratos o despidos de personal.
Según el denunciante, este tipo de maniobras generan un precedente peligroso, ya que se estaría desobedeciendo una orden judicial, lo que podría derivar en sanciones adicionales para la universidad y sus autoridades.
Hostigamiento y represalias internas
Figueroa Ferrer también denunció que, tras hacer públicas estas irregularidades, ha sido objeto de represalias y hostigamiento laboral. Según su testimonio, se le ha asignado una carga de trabajo excesiva, lo que considera una estrategia para debilitar su posición dentro de la universidad.
Además, señala que se han bloqueado las contrataciones de personal en el área de Recursos Humanos, lo que ha afectado el correcto funcionamiento de la institución. Entre los puestos que han quedado vacantes se encuentran especialistas administrativos y el secretario técnico del Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD), cargos clave para la gestión universitaria.
Figueroa sostiene que la negativa a contratar nuevo personal no responde a una falta de presupuesto, sino a una estrategia para debilitar su unidad y evitar que continúe con las denuncias contra la administración universitaria.
Sospechas de corrupción en inversión pública
Las denuncias contra la administración de Velasco Reyes no solo se limitan a la gestión de personal. Según Figueroa, hay serias dudas sobre la transparencia en la ejecución de obras públicas dentro de la universidad, particularmente en la construcción de dos ascensores de gran tamaño.
Uno de los hechos que despierta sospechas es que, en plena construcción de estos ascensores, el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones fue retirado de su cargo. Según el denunciante, esta remoción podría haber tenido como objetivo evitar la supervisión rigurosa del proyecto.
Figueroa ha solicitado que la Contraloría General de la República intervenga para verificar si hubo sobrecostos o irregularidades en el proceso de contratación y ejecución de la obra.
Dato
Otro punto crítico es la falta de cobertura de 21 plazas laborales vacantes en la universidad. A pesar de contar con el presupuesto necesario para estas contrataciones, la Comisión Organizadora ha bloqueado la designación de nuevo personal, lo que podría derivar en la pérdida de estos fondos. De acuerdo con Figueroa, la intención detrás de estas acciones es consolidar un manejo discrecional del presupuesto universitario, evitando el ingreso de personal independiente y favoreciendo a allegados de la administración actual.
