El Ministerio Público llevó a cabo una diligencia en las oficinas del Programa Nacional de Alimentación Wasi Mikuna, anteriormente conocido como Qali Warma, en el marco de una investigación por presunta corrupción que involucraría a varios funcionarios, incluido el vocero de la presidencia, Freddy Hinojosa. La operación, liderada por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, se realizó la mañana del viernes 14 de marzo en la sede ubicada en Surco, con el objetivo de identificar posibles irregularidades en la administración de recursos destinados a la alimentación escolar. Por David Solar Silva para Infobae.
Objetivo de la intervención fiscal
Desde las primeras horas del día, un equipo de fiscales, acompañado por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), ingresó a las instalaciones del programa para recopilar documentación relevante. La diligencia, que se prolongará por tres días, ha sido calificada como una exhibición de documentos e inspección, más que un allanamiento.
Según fuentes oficiales, la Fiscalía ha focalizado su investigación en áreas clave del programa, como Recursos Humanos, Secretaría Técnica, Personal Administrativo y Procuraduría. El propósito principal es detectar posibles actos de corrupción dentro de la administración de Wasi Mikuna.
Uno de los puntos centrales de la investigación es la sospecha de que una organización criminal operaría dentro del programa. Según información preliminar, el Ministerio Público estaría analizando posibles vínculos entre funcionarios y contratos irregulares que podrían haber favorecido a ciertos proveedores.
La presencia de las autoridades en las oficinas de Wasi Mikuna generó expectativa entre los trabajadores, quienes continuaron con sus labores bajo la supervisión de los fiscales a cargo. Durante la diligencia, el ingreso y salida de documentos fue estrictamente controlado, evitando cualquier alteración o pérdida de información.
Pronunciamiento de Wasi Mikuna y avances en la investigación
A través de un comunicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Wasi Mikuna informó que su personal, junto con el procurador del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), está colaborando con la Fiscalía y brindando todas las facilidades para el desarrollo del procedimiento.
El documento también señala que la entidad fue notificada de la diligencia el 13 de marzo mediante el Oficio N° 000159-2025-MP-FN-9D-FSUPRACEDCF, lo que permitió tomar previsiones y garantizar el cumplimiento de las solicitudes fiscales.
Además, se ha confirmado que esta no es la única acción en curso. Existen otras carpetas fiscales abiertas que estarían relacionadas con irregularidades en la gestión de Wasi Mikuna, aunque hasta el momento no se han revelado mayores detalles.
Wasi Mikuna: un programa clave bajo la lupa de la justicia
Wasi Mikuna, antes conocido como Qali Warma, es uno de los programas sociales más importantes del Estado peruano. Su principal objetivo es garantizar la alimentación escolar en instituciones públicas de todo el país, priorizando las zonas con mayor vulnerabilidad.
Este programa, que atiende a millones de niños y niñas, ha sido clave en la lucha contra la desnutrición infantil. No obstante, su gestión ha estado bajo constante escrutinio debido a denuncias previas sobre irregularidades en contrataciones, distribución de alimentos y administración presupuestaria.
Corrupción en programas sociales: un patrón recurrente
El caso de Wasi Mikuna no es el primero en el que un programa social se ve involucrado en denuncias de corrupción en el Perú. En los últimos años, diversas instituciones encargadas de la administración de recursos destinados a sectores vulnerables han sido objeto de investigaciones por uso indebido de fondos públicos.
Este nuevo episodio refuerza la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en los programas sociales del país. La importancia de estos programas radica en su impacto directo en la calidad de vida de miles de niños, por lo que cualquier irregularidad en su gestión representa un golpe a la confianza pública.
Próximos pasos en la investigación
Hasta el momento, la Fiscalía no ha determinado responsabilidades concretas, pero la investigación sigue en marcha. La recopilación de documentos y el análisis de los contratos suscritos en Wasi Mikuna podrían revelar el nivel de involucramiento de los funcionarios en posibles actos ilícitos.
Si se confirman actos de corrupción dentro del programa, el caso podría escalar a niveles judiciales más altos, involucrando no solo a funcionarios de rango medio, sino también a altas autoridades del MIDIS o del Ejecutivo.
Por ahora, el desarrollo de las investigaciones permitirá conocer si efectivamente se han cometido delitos en la administración de Wasi Mikuna o si, por el contrario, se trata de una verificación de rutina dentro de los controles de fiscalización del Estado.
El país sigue atento a los avances de este caso, pues lo que está en juego no solo es la integridad del programa de alimentación escolar, sino también la confianza en las instituciones que gestionan los recursos públicos destinados a la población más vulnerable.
