En medio de una creciente polémica en torno a la transparencia y la legalidad de las investigaciones contra el Ejecutivo peruano, el Congreso decidió no otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización, lo cual habría permitido formalizar una investigación contra la presidenta Dina Boluarte en el conocido caso “Cofre”. Este proceso trata de esclarecer el presunto uso de un vehículo presidencial para facilitar la fuga de Vladimir Cerrón, el líder del partido Perú Libre. Según reporta Mariana Quilca Catacora para Infobae, la moción impulsada por el congresista Juan Burgos de Podemos Perú fue rechazada con los votos de Fuerza Popular, Acción Popular y Alianza Para el Progreso, bloques que argumentaron que la aprobación podría interpretarse como una obstrucción a las tareas del Ministerio Público.
En este contexto, Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, denunció que Burgos y la comisión que dirige actuaban “clandestinamente” al investigar a la presidenta sin facultades legales, acusando al congresista de intentar “regularizar” una investigación que ya estaba en marcha y que incluía el interrogatorio a diversos testigos sin la aprobación del pleno. Portugal aplaudió la decisión del Congreso de impedir el avance de la solicitud, señalando que el Congreso había sido “justo, legal y democrático” en su respuesta, y evitando así, según él, una “irregularidad” que no ofrecía garantías para un proceso transparente. “Lo que ha hecho Burgos es regularizar ese defecto de estructura y el Congreso no lo permitió”, dijo Portugal en una entrevista con Canal N, expresando que la negativa del Legislativo representaba un compromiso con el debido proceso y la legalidad en un caso de gran repercusión.
El congresista Juan Burgos defendió su pedido ante el pleno, argumentando que el rechazo limita la capacidad del Congreso para ejercer sus funciones de fiscalización y, al mismo tiempo, facilita la “impunidad” en casos que involucran a altas figuras del gobierno. Como uno de los elementos clave de su argumentación, Burgos mencionó una reciente resolución que clasifica como reservada la información relacionada con el vehículo presidencial, lo que bloquea aún más las posibles vías de investigación. “Es una resolución administrativa inconstitucional y totalmente ilegal, que no solo pone en riesgo nuestra democracia, sino que le quita las facultades de fiscalización a este Congreso de la República. Y nosotros no podemos negar esa facultad que nos ha dado la Constitución”, expresó Burgos, exhortando a sus colegas congresistas a impedir que la impunidad se instale como una práctica común en la política peruana.
Además de sus alegatos sobre el derecho del Congreso a investigar, Burgos detalló las pruebas que la comisión había recopilado hasta el momento, incluyendo un audio proporcionado por el capitán de la Policía Nacional del Perú (PNP), Junior Izquierdo Yarlequé. En este audio, se escucha una conversación en la que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, supuestamente hace referencia al vehículo presidencial como “el cofre” y menciona que Vladimir Cerrón habría utilizado este medio para huir hacia Ica durante un operativo de captura. Burgos sostuvo que este tipo de evidencia señala la posibilidad de complicidad en la cúpula del Ejecutivo, y subrayó la necesidad de esclarecer los hechos para evitar que el caso termine sin respuesta ante la ciudadanía.
Para Portugal, el rechazo de la moción en el Congreso es un freno necesario para evitar que la Comisión de Fiscalización lleve a cabo una investigación sin base legal, un hecho que podría vulnerar los derechos de la presidenta y abrir espacio para una denuncia de abuso de autoridad contra el Legislativo. Según el abogado, las irregularidades cometidas por la comisión de Burgos incluyen la convocatoria de Shimabukuro y de escoltas presidenciales a sesiones de interrogatorio antes de contar con las facultades necesarias, lo que podría ser interpretado como un acto de mala fe. “La decisión del Congreso muestra que no fueron cómplices de una estructura defectuosa”, afirmó Portugal, sugiriendo que los argumentos de Burgos no alcanzaban para validar un proceso de investigación formal y criticando la conducta del congresista como una maniobra irregular y apresurada.
El caso también ha generado reacciones fuera del entorno de Dina Boluarte. Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón, el líder del partido Perú Libre, utilizó las redes sociales para manifestarse sobre la decisión del Congreso, celebrando la negación de facultades y lanzando duras críticas contra Burgos. Cerrón, en tono sarcástico, acusó al congresista de haber montado un “circo” en la Comisión de Fiscalización, afirmando que Burgos buscaba desempeñar el rol de un agente encubierto en lugar de actuar con profesionalismo y objetividad. “Era obvio que se opondrían a la doble función del circo, donde el único payaso quería hacerla de James Bond”, escribió Cerrón en su cuenta de X (anteriormente Twitter), comentario que desató una serie de respuestas de diferentes sectores políticos, dividiendo opiniones entre quienes respaldan a la presidenta y quienes critican la decisión del Congreso.
A nivel político, el caso “Cofre” ha reavivado el debate en torno a los mecanismos de control y equilibrio en el sistema de gobierno peruano. Mientras que algunos sostienen que la negativa del Congreso a otorgar facultades investigativas protege la institucionalidad y evita el abuso de poder, otros argumentan que este tipo de decisiones debilita la capacidad de fiscalización y perpetúa una cultura de impunidad. Las bancadas que se opusieron a la moción han defendido su postura señalando que cualquier investigación adicional podría interpretarse como una interferencia en el trabajo del Ministerio Público, encargado de indagar sobre el caso de forma autónoma. Esta postura busca resguardar la independencia de las instituciones judiciales y proteger el equilibrio de poderes, aunque también ha generado críticas por parte de aquellos que ven en la negativa una forma de blindaje a la presidenta y su entorno.
Por otro lado, la insistencia de Burgos en obtener facultades investigadoras refleja una postura de férrea oposición a la administración de Boluarte, posición que algunos congresistas han calificado como un intento de politizar la investigación y generar inestabilidad en el gobierno. Según algunos analistas, esta dinámica de tensiones entre el Legislativo y el Ejecutivo podría tener repercusiones a largo plazo, tanto en la percepción de la población sobre la transparencia del gobierno como en la estabilidad de las relaciones entre las instituciones. Mientras tanto, el caso “Cofre” sigue siendo una piedra angular del debate público, dejando en suspenso una serie de interrogantes sobre el papel de los vehículos oficiales y el acceso a recursos estatales en situaciones de alto perfil político.
Finalmente, el rechazo del Congreso a la moción presentada por Burgos sitúa nuevamente en el centro de la discusión la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en el Perú, en un contexto en el que el control político y la rendición de cuentas parecen polarizar cada vez más a los actores de poder. Para el público peruano, el caso es un recordatorio de las tensiones constantes entre las distintas ramas de gobierno y de los desafíos que enfrenta el sistema democrático en un escenario de sospechas, acusaciones cruzadas y conflictos de intereses. La decisión del Congreso de no otorgar facultades a la Comisión de Fiscalización añade una nueva capa de complejidad al panorama político peruano, mientras que el caso “Cofre” sigue siendo, tanto para la oposición como para los seguidores del oficialismo, un tema en el que se juega no solo la transparencia del gobierno, sino también el futuro de la institucionalidad en el país.
