La jueza Anabely Meza Pérez, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, ha programado una audiencia para el próximo 18 de noviembre, en la cual se debatirá la ampliación del plazo de investigación preparatoria contra la familia Alvarado y la exalcaldesa Luzmila Pérez, implicados en un presunto caso de lavado de activos. La fiscalía ha solicitado extender el periodo investigativo en ocho meses, alegando la necesidad de recabar pruebas adicionales para esclarecer los hechos.
La investigación, a cargo del fiscal Paolo Sánchez Rondón, examina un presunto esquema de enriquecimiento ilícito que involucra tanto a Juan Manuel Alvarado Cornelio, exgobernador de Huánuco, como a su familia y a Pérez Espíritu. Entre las evidencias mencionadas están el incremento patrimonial no justificado de Alvarado y sus allegados, así como la creación de empresas en la región que habrían servido para blanquear activos y sostener vínculos comerciales con diversas entidades municipales. Según la fiscalía, Alvarado y su entorno habrían adquirido múltiples propiedades y vehículos a través de sociedades de fachada entre 2014 y 2018, como las constructoras Inversiones en Ti Jesús y Consultora ENROE.
El caso cobró relevancia por los vínculos de estas empresas con cerca de 30 municipalidades en Huánuco, donde se reportaron contratos por millones de soles, presuntamente adjudicados de forma irregular. Entre los proyectos cuestionados están los que fueron otorgados a la empresa de Juan Lenon Alvarado, hijo del exgobernador, por parte de la exalcaldesa Pérez. La relación entre ambas familias añade un matiz polémico, ya que Alvarado mantenía una relación sentimental con la hija de Pérez durante los años de adjudicaciones.
Además de las transacciones de empresas, la investigación revela indicios de posible fuga de los acusados. Durante una audiencia pasada, se encontró un pasaporte de Juan Lenon Alvarado, lo cual fue interpretado como un posible intento de eludir el proceso judicial. En su defensa, Alvarado ha pedido un “debido proceso” y se ha mostrado dispuesto a colaborar, aunque la fiscalía argumenta que la magnitud del caso amerita medidas restrictivas y una vigilancia exhaustiva.
Este caso destaca como parte de una tendencia nacional de investigación contra figuras políticas y sus allegados por delitos de corrupción y lavado de activos. Las audiencias próximas serán claves para determinar la situación procesal de los implicados y podrían establecer precedentes sobre cómo se maneja el seguimiento de activos sospechosos en la política regional.
